Òmnium Cultural, junto con cinco ayuntamientos de la Catalunya Nord, ha interpuesto un recurso ante el Consejo de Estado francés para impugnar la prohibición de utilizar el catalán durante los plenos municipales. La entidad presidida por Xavier Antich lleva así la cuestión al máximo órgano judicial del estado francés, después de que tanto el Prefecto de los Pirineos Orientales como los tribunales administrativos de Montpeller y Tolosa ratificaran la medida que impide el uso del catalán. En el recurso, Òmnium argumenta que esta prohibición supone una vulneración directa de la libertad de expresión de los cargos electos, un derecho recogido tanto al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Xavier Antich ha denunciado públicamente que algunos tribunales intentan relegar el catalán a una posición secundaria con la intención de erosionar la identidad catalana, una actitud que, según él, refuerza el discurso del populismo y de la extrema derecha, cada vez más presentes en la Catalunya Nord, en Francia y en toda Europa. Por este motivo, ha defendido la importancia de preservar la lengua, la cultura, la cohesión social y la nación catalana a través de los derechos fundamentales y dentro de las instituciones, para contrarrestar estos valores autoritarios. También ha asegurado que Òmnium seguirá combatiendo los discursos de odio que quieren minorizar la lengua y cultura catalanas, y que seguirán enfrentándose, si hace falta, al Estado francés para que el catalán se pueda hablar libremente en el ámbito público sin ningún tipo de discriminación.
Libertad de expresión
El recurso presentado sostiene que la libertad de expresión incluye tanto el contenido de lo que se dice como la lengua en que se expresa, especialmente cuando se trata de la libertad de expresión política de los representantes elegidos democráticamente.
Además, Òmnium defiende que el artículo 2 de la Constitución francesa, donde se declara el francés como lengua oficial del Estado, no tendría que interpretarse como una prohibición al uso del catalán o de otras lenguas minorizadas. Considera que hay que interpretarlo conjuntamente con otros principios constitucionales, como la libertad de expresión, y con el artículo 75, introducido el 2008, que reconoce las lenguas regionales como parte del patrimonio de Francia. Según Òmnium, el marco legal francés no incluye ninguna norma que impida la convivencia del catalán, o de otras lenguas como el corso, el bretón o el vasco, con el francés.
Los reglamentos municipales
El año 2022, los municipios de Elna, Portvendres, Tarerac, Sant Andreu de Sureda y Baños de Arles modificaron sus reglamentos para permitir el uso del catalán en los plenos. Esta modificación, que exigía que las intervenciones en catalán fueran traducidas al francés, desencadenó el actual litigio judicial. A pesar de esta precaución, tanto el Prefecto como los tribunales administrativos de Montpellier y Tolosa rechazaron el cambio, manteniendo la prohibición de utilizar el catalán y, además, impidiendo cualquier debate oral en esta lengua. Òmnium considera que los ayuntamientos de la Catalunya Nord tienen que tener el derecho de utilizar el catalán en el ejercicio de sus funciones institucionales.