La aprobación de la nueva regulación catalana para el transporte de viajeros se enfrenta a un serio escollo legal. Un demoledor informe independiente elaborado por catedráticos de la Universidad de Barcelona alerta de las graves inconsistencias del texto con la jurisprudencia europea y advierte de aludes de demandas por responsabilidad patrimonial.
La "Proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas", que actualmente inicia su tramitación en el Parlamento de Cataluña, ha recibido un duro revés desde el ámbito académico. Un informe jurídico elaborado desde la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona por los doctores José Esteve Pardo y Marc Tarrés Vives (a petición de UNAUTO-VTC), señala que el texto normativo presenta "múltiples inconsistencias y contradicciones con el Derecho Europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)". El estudio pone en evidencia que la ley parece diseñada para blindar los intereses de un solo sector, olvidando los derechos de los usuarios y la libre competencia.
Además, al haberse tramitado como Proposición de Ley (por los grupos parlamentarios) y no como Proyecto de Ley (por el Gobierno), se ha esquivado la obligación de aportar estudios técnicos y datos empíricos que justifiquen estas severas restricciones. Una falta de datos que, de hecho, ya fue el motivo por el cual Europa tumbó el anterior reglamento metropolitano de 2018.
Una diferenciación "ficticia" para otorgar privilegios
Uno de los puntos centrales del informe es la crítica al "afán del prelegislador" por crear diferencias completamente artificiales entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), dos actividades que operan en el mismo segmento del mercado y ofrecen servicios prácticamente idénticos a ojos del consumidor.
La maniobra principal de la ley consiste en calificar el taxi como un Servicio de Interés Económico General (SIEG) con "obligaciones de servicio público", mientras se niega esta condición a los VTC. Según los expertos, esta construcción es "puramente nominativa y legal". De hecho, recuerdan que el propio TJUE, en su sentencia de junio de 2023 sobre el Área Metropolitana de Barcelona, negó categóricamente que el taxi barcelonés cumpliera los requisitos para ser considerado un SIEG. Las supuestas "obligaciones de servicio público" que la ley atribuye ahora al taxi (como el uso de taxímetro o las tarifas fijas) no son más que sus características comerciales tradicionales.
Monopolio encubierto y restricciones desproporcionadas
La consecuencia de esta diferenciación artificial es la creación de un régimen de autorizaciones abiertamente discriminatorio. El artículo 61.2 de la Proposición establece que solo se otorgarán licencias de VTC cuando se determine que el servicio de taxi "no es suficiente para dar cobertura a la demanda". Esto convierte el sector VTC en un actor puramente residual y subsidiario, hecho que "supone la virtual atribución de un monopolio al taxi" y vulnera frontalmente la libertad de establecimiento garantizada por la Unión Europea.
Por si fuera poco, el texto mantiene cargas para los VTC que ya han sido tumbadas por los tribunales. Por un lado, persiste en la obligación de una precontratación con un tiempo de espera mínimo de 10 minutos, una medida "innecesaria y desproporcionada" que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional y contraria a la libertad de empresa en otros territorios. Por otro lado, la ley prohíbe a los VTC permanecer en la vía pública y les obliga a volver a la base o garaje después de cada servicio. Según el informe, esta restricción no solo no tiene ninguna razón de interés general que la justifique, sino que es altamente nociva para el medio ambiente, ya que genera un exceso de "viajes en vacío" que aumentan inútilmente el tráfico y las emisiones contaminantes.
Un riesgo millonario para las arcas públicas
Los expertos de la Universidad de Barcelona no solo desmontan la arquitectura legal de la propuesta, sino que lanzan una advertencia muy clara al legislador catalán. Al tramitar una norma que ignora sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se está generando un escenario de grave inseguridad jurídica.
El informe concluye advirtiendo que privar de facto de la prestación del servicio de transporte a los VTC en el ámbito urbano sin una justificación empírica y técnica abre la puerta a futuras –y muy probables– reclamaciones patrimoniales. Esto significa que los tribunales podrían acabar declarando la "responsabilidad del Estado legislador", obligando a indemnizar a las empresas afectadas con fondos públicos por los daños y perjuicios causados por una ley hecha de espaldas al marco jurídico europeo.