El Tribunal Supremo ha allanado el camino para retirar el monumento franquista de Tortosa, después de inadmitir un recurso de casación presentado por una entidad ultraespañolista contra la retirada del monolito. Según ha avanzado este lunes Aguaita, el alto tribunal decidió el pasado 14 de enero cerrar el paso (judicial) a la Asociación Cultural Despierta España contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que había desestimado sus pretensiones. Ahora, el Supremo considera que no se han cumplido los requisitos legales para la revisión del caso en esta instancia, y da vía libre para la retirada de este símbolo franquista del Ebro.

El conflicto jurídico, tal como recuerda Aiguaita, se centra en la modificación del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Tortosa. Concretamente, en la modificación de la ficha 154 del catálogo de elementos protegidos, referida al monumento conmemorativo de los muertos del bando fascista en la Batalla del Ebro —que se levantó hace 60 años—. El cambio fue promovido por el ayuntamiento de la capital del Baix Ebre, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre en noviembre de 2020 y validado jurídicamente en marzo de 2025.

La pelota pasa a Justícia

La entidad españolista quería anular esta sentencia de hace un año, pero los magistrados del Supremo han rechazado su recurso. El rechazo se ha fundamentado en la falta de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Según la providencia, el escrito de la asociación presentaba deficiencias de fundamentación y se basaba en una normativa urbanística catalana que queda fuera del ámbito estatal. Como resultado de esta inadmisión, que tiene carácter firme, se han impuesto las costas procesales a Despierta España. El importe máximo se ha fijado en 2.000 euros más IVA a favor de la Generalitat, que se había opuesto a la admisión del recurso.

En una entrevista reciente en El Periódico, la alcaldesa de Tortosa, la republicana Mar Lleixà, se mostró confiada en que la retirada del monolito se producirá en este mandato y pidió al Departament de Justícia que se preparara para la decisión judicial: "Lo único que podemos hacer es presión a la Generalitat para que lo tenga todo preparado para cuando llegue la sentencia, porque esto corresponde a Justicia". Por otro lado, descartó una nueva consulta como la de 2016, que tuvo una participación muy baja —inferior al 30%—. En cambio, recordó que la ley sí que avala su retirada: "No hace falta ni hablarlo, la ley de memoria democrática es muy clara. Lo que hay que hablar es de lo que tenemos que hacer después de retirarlo: si reinterpretarlo y cuál sería su mejor lugar". "Todavía no tengo mi opinión lo suficientemente definida, en el sentido de que pienso que no se debe olvidar lo que pasó. No se trata de quitarlo y no hacer nada", concluyó.