Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el centro Irídia recurrirán ante el Tribunal Supremo la amnistía otorgada a 46 policías acusados de brutalidad policial durante el referéndum del 1 de Octubre del 2017. Según las entidades, los policías actuaron “con una clara intencionalidad de humillar y castigar a los ciudadanos que libre y democráticamente querían ejercer sus derechos”. En este contexto, consideran que la actuación se puede incluir en los delitos de torturas o tratos degradantes o inhumanos, supuestos que están excluidos de la ley de amnistía. Òmnium, personada como acusación popular, alega torturas y trato degradante por parte de los miembros del cuerpo policial, y remarca que la brutalidad perpetuada por los policías contra la sociedad civil contraviene los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Las tres entidades recurren al Supremo después de que tanto el juzgado número 7 de Barcelona, en primera instancia, como la Audiencia de Barcelona hayan otorgado la medida de gracia a los agentes.

“Acto de barbarie del Estado”

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha afirmado que la entidad “se mantiene firme en tanto que acusación popular en esta causa, y no olvidará que la brutalidad policial del 1 de octubre fue un absoluto acto de barbarie de Estado, una humillación premeditada y un castigo deliberado contra ciudadanos que ejercían derechos fundamentales”. Y ha denunciado que querer amnistiar a los agentes es “un acto más de irresponsabilidad de este Estado que juega con los límites de la democracia” y que no tiene problemas para “saltarse los convenios y tratados internacionales de defensa de derechos humanos”. Desde Òmnium denuncian que la fuerza de los agentes fue “desproporcionada” y “excesiva”, a la vez que “produjo lesiones graves”. La entidad también lamenta que, ocho años después de los hechos, las “víctimas de la brutalidad policial todavía no han podido acceder a su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación”. Por eso, Òmnium seguirá ejerciendo de acusación popular “en todas aquellas causas de violencia policial que hay abiertas por todo el país”.

Entre las causas en las cuales está personada Òmnium está la que investiga la Audiencia de Barcelona por las lesiones al activista Roger Español y en la cual Òmnium ha acusado agentes de policía de los delitos de lesiones con pérdida de órgano principal, de tortura, y contra la integridad moral.

La amnistía, en el Constitucional

Sobre la ley de amnistía, este martes se ha conocido que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) que debatirá si avala la ley de amnistía del procés se ha convocado para los días 24, 25 y 26 de junio. El Constitucional —compuesto por 6 magistrados progresistas y 4 conservadores— debatirá el recurso del grupo del PP que sostiene que la ley es inconstitucional. De momento, el Constitucional tiene previsto celebrar dos plenos el próximo mes de junio: del 10 al 12 y del 24 al 26. La votación sobre la ley de amnistía sería el último día del pleno, es decir, el 26 de junio.

Mientras tanto, el Estado español sigue aplicando la ley de amnistía a policías. Hace solo unas semanas, la titular del juzgado de instrucción 30 de Barcelona acordaba aplicar la ley de amnistía para 13 agentes de la policía española que participaron en la detención de Paula Garcia, el 18 de octubre de 2019, durante la protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, y que los denunció por vejaciones. En este caso, la magistrada ha archivado la causa contra los policías, acusados de los delitos de detención ilegal, amenazas y contra la integridad moral, al asegurar que “no hay indicios suficientes de su comisión”, en los dos primeros delitos.