La oficialidad del catalán en la Unión Europea continúa sin avanzar después de un año sin que la cuestión haya vuelto a llegar formalmente a la mesa de los estados miembros. La última vez que el Gobierno impulsó el debate en el Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, coincidiendo con la presidencia danesa del Consejo de la UE, pero desde entonces la iniciativa ha quedado encallada por la falta de la unanimidad necesaria para aprobarla. Ahora, cuando está a punto de concluir el semestre presidido por Chipre, la situación se mantiene inalterada. De hecho, España tampoco ha pedido que la cuestión se incluya en el orden del día de la reunión que los ministros celebrarán este martes en Luxemburgo, argumentando que las posiciones de los diferentes países continúan sin moverse y que el acuerdo unánime necesario para reconocer oficialmente el catalán sigue lejos de ser una realidad.
La petición para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a formar parte del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea se remonta a agosto de 2023, cuando el Gobierno la registró en el marco de los acuerdos políticos cerrados con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Aprovechando que España ejercía aquel semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el ejecutivo socialista intentó acelerar su tramitación y llevó la cuestión hasta cuatro veces al Consejo de Asuntos Generales, el órgano encargado de tomar la decisión. Posteriormente, el asunto volvió a aparecer tres veces más a petición de Madrid: una durante la presidencia de Bélgica, otra bajo la de Polonia y, finalmente, en julio de 2025, durante el semestre liderado por Dinamarca. Desde entonces, sin embargo, los avances han sido inexistentes y la presidencia de Chipre está a punto de acabar sin que España haya intentado ni una sola vez reintroducir formalmente el debate entre los ministros europeos.
La unanimidad, principal escollo
La principal dificultad para culminar el proceso ha sido, desde el primer momento, la exigencia de obtener la unanimidad de los veintisiete estados miembros. Diversos gobiernos europeos han expresado reservas por la posibilidad de que el reconocimiento del catalán pueda crear un precedente y alentar demandas semejantes de otras lenguas presentes en la Unión. Ante estas reticencias, el ejecutivo español ha defendido en Bruselas que el catalán, el euskera y el gallego presentan unas características singulares que los diferencian de otros casos. Entre los argumentos esgrimidos está el hecho de que las tres lenguas tienen reconocimiento constitucional, se utilizan institucionalmente en el Congreso y en el Senado y disponen de traducciones oficiales de los tratados europeos y de una parte significativa de la legislación comunitaria.
Además, con el objetivo de disipar los temores sobre un eventual efecto dominó, la propuesta presentada por España hace un año incorporaba una declaración anexa según la cual cualquier futura solicitud debería ser examinada "caso por caso" y cumplir requisitos estrictos, como que la lengua sea históricamente originaria del estado que la promueve y que esté reconocida en su Constitución desde hace al menos veinte años. Todos estos argumentos que la Moncloa presentaba a los socios europeos, sin embargo, hace casi un año que no se tratan en el Consejo de Asuntos Generales.
Alemania se resiste
Entre los estados más reticentes a la oficialidad del catalán destaca Alemania, que ya dejó clara su posición durante el Consejo de Asuntos Generales del 18 de julio del año pasado. En aquella reunión, el representante alemán se mostró especialmente firme y se apoyó en la opinión verbal del servicio jurídico del Consejo, según la cual una eventual oficialidad del catalán, el euskera y el gallego podría requerir una modificación de los tratados europeos para disponer de una base legal suficiente. Consciente de la influencia de Berlín dentro de la Unión, el Gobierno optó posteriormente por intensificar los contactos bilaterales y, a finales de octubre, acordó con las autoridades alemanas abrir un diálogo específico para intentar encontrar una fórmula que hiciera la propuesta aceptable para el conjunto de los estados miembros. Sin embargo, estas conversaciones no han dado los frutos esperados. La reunión mantenida el 20 de mayo entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, sirvió para abordar extensamente la cuestión, pero posteriormente el gobierno alemán reiteró que mantenía sus dudas, especialmente en el ámbito jurídico, y que su posición de fondo no había variado.