El año pasado, los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos de los estándares recomendados por la Unión Europea, según ha señalado en un informe el Tribunal de Cuentas, que pone especial énfasis en los fondos destinados a una empresa privada como TRECE (la antigua 13TV), que en los dos últimos ejercicios recibió 20 millones de euros sin ningún tipo de control.
Según este informe preliminar, al que ha tenido acceso eldiario.es, los obispos españoles estarían vulnerando las leyes europeas, que prohíben taxativamente utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas.
En concreto, el organismo subraya cómo "a la luz de la información publicada por la propia Iglesia, 20 millones de euros procedentes de fondos estatales son aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica", en este caso TRECE, la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal.
Los obispos detallan en sus cuentas que el dinero que aportan a su canal de televisión proviene del dinero que le sobra de su asignación. Ese superávit que reconoce la Iglesia en los ejercicios 2016 y 2017 es en sí mismo una irregularidad para el Tribunal de Cuentas, que recuerda que su existencia "no está prevista en el Acuerdo", y "el destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede".
Son 19,3 y 15,9 millones de euros que se han destinado "a la dotación de un fondo (denominado Fondo de Reserva) y a la aportación de fondos propios a una sociedad mercantil", detalla el documento. "El destino de eventuales superávits en la liquidación de asignación tributaria debería ser objeto de acuerdo" con el Gobierno, recomienda el informe, dado que los Acuerdos Iglesia-Estado hablan específicamente del "adecuado sostenimiento económico" de la Iglesia, no de "fondos de reserva" que se dediquen a una "sociedad mercantil" como es TRECE, "que desarrolla una actividad económica".