La Mesa del Parlament ha acordado este martes con el apoyo de todos los grupos excepto el PSC presentar una denuncia a Fiscalía para que se investiguen los hechos que se desprenden de las declaraciones en sede judicial del excomisario José Manuel Villarejo en qué aseguraba que el CNI tenía información sobre los atentados pero no actuó para hacer "un pequeño susto en Catalunya". A raíz de las graves declaraciones la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, encargó un informe a los servicios jurídicos del Parlament para poder confeccionar una denuncia para investigar estos hechos.
Ha sido este martes, reunida la primera Mesa del año, que los diputados de la Cámara han abordado la cuestión y según fuentes parlamentarias ha habido unanimidad con el desacuerdo del PSC, que considera que ya hubo una investigación sobre los hechos que es vigente. A pesar de las reiteradas peticiones de las principales autoridades catalanas para aclarar la veracidad de las acusaciones de Villarejo, tanto el PSC como el Gobierno han eludido poner en marcha investigaciones.
Tan pronto como estalló la polémica la presidenta Borràs hizo varios tuits a Twitter subrayando que es urgente y absolutamente imprescindible saber la verdad: "Aportar transparencia a un atentado tan grave es fundamental. Ocultar información bajo la premisa del secreto oficial no aporta credibilidad, al contrario, desacredita".
El Govern reclama abrir la comisión de investigación
No ha sido este el único anuncio hecho hoy sobre Villarejo. El Consejo Ejecutivo del Govern de este martes ha acordado reclamar al Estado que abra una comisión de investigación sobre los atentados terroristas y ha exigido que se modifique la ley de secretos oficiales para reducir los plazos de duración de una materia como secreta o reservada.
A instancias de la conselleria de Justicia, que encabeza Lourdes Ciuró, el Consejo Ejecutivo ha aprobado un acuerdo de tres puntos en qué además de reclamar que se abra la comisión de investigación sobre los atentados, insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que informe al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marco de las reuniones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de las actuaciones que se han iniciado o se pongan en marcha sobre este tema.
Asimismo, el tercer punto del acuerdo exige que la modificación de la ley de secretos oficiales para reducir la duración de una materia secreta reconozca "expresamente" la facultad del Congreso y el Senado y de los tribunales "de tener acceso a la información que consideren necesario reclamar".
Las declaraciones
El excomisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo declaró ante la Audiencia Nacional que los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils fueron fruto de un "error de cálculo" del CNI, el servicio de inteligencia español: "El CNI calculó mal las consecuencias de dar un pequeño susto a Catalunya". Una definición por unos actos terroristas que costaron la muerte de 16 personas y 140 heridos.
Las declaraciones las tenemos que contextualizar en el juicio por el caso Tándem y, de esta manera, Villarejo señala directamente a Félix Sanz Roldán, que fue el comandante del Centro Nacional de Inteligencia español el año 2017. Si situamos el contexto de los atentados, era el verano previo a la celebración del referéndum del 1 de octubre y en pleno auge de la sociedad civil hacia el procés de independencia de Catalunya.
Precisamente el presidente del tribunal que juzgó los atentados del 17-A, Alfonso Guevara, dictaminó que el excomisario Villarejo no tuviera ningún tipo de posibilidad de declarar en este juicio, tal como reclamaban algunas de las partes. Así pues, en su declaración relaciona directamente al imán de Ripoll a quien acusa de trabajar en connivencia con el CNI, y que este habría consentido que el imán "hiciera el que encontrara oportuno".