A las diez de la mañana de este martes los periodistas catalanes encargados de cubrir la negociación entre ERC y el PSOE eran convocados para una sesión informativa sobre el grado penitenciario de los presos políticos en la sede de los republicanos a la calle Calàbria. A unos seis kilómetros de allí, también a las diez de la mañana, empezaba la tercera reunión –en realidad la cuarta conocida– entre los equipos negociadores. No fue hasta unos minutos después, cuando ya estaban encerrados en un despacho en la sede del Área Metropolitana de Barcelona, que hicieron público el lugar del encuentro. Los periodistas eran convocados a las 12 del mediodía, cuando en realidad ya sólo quedaría media hora para finalizar. A diferencia del pasado, la discreción es la máxima en las nuevas conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

De las negociaciones de ello ha trascendido poco más que dos comunicados separados en la primera reunión y dos comunicados conjuntos en las dos últimas; todos ellos en positivo pero sin grandes concesiones y cada vez más breves. Más allá de eso, sí que se sabe algo más. Principalmente que los dos han asimilado, especialmente el PSOE que los años dulces del autonomismo y el peix al cove en Madrid ya han acabado. Que las promesas de lluvias de millones son estériles y ya no se pueden vender como victorias en Barcelona.

Sobre la mesa de los equipos negociadores hay básicamente dos cuestiones sobre las que exploran soluciones intermedias. La primera, la cuestión de los presos políticos, que su existencia complica la normalización de la vida política. La amnistía que quieren los republicanos no parece que tenga que prosperar, pero sí que lo podría hacer una actitud pasiva de la Fiscalía ante los permisos penitenciarios y quien sabe si más adelante hipotéticos indultos. La segunda, la resolución del "conflicto político". Los dos partidos están en la "definición" de "instrumentos" para resolver el problema de fondo. La mesa de gobiernos ya es aceptada por el PSOE, hoy por hoy sin autodeterminación.

Sin ir más lejos, el martes que viene por primera vez Pedro Sánchez descolgará el teléfono para hablar con el president Quim Torra. Lo hará, eso sí, en una ronda de llamadas Frankenstein, que le llevará a hablar incluso con los presidentes de Ceuta y Melilla. Lo mismo ha pasado con la ronda de reuniones de la portavoz socialista Adriana Lastra con todos los partidos. Para poder justificar hablar con EH Bildu, que siempre se ha mostrado predispuesto al diálogo, ha tenido que levantar el cordón sanitario a la extrema derecha de Vox. El diálogo con los independentistas vuelve a tensar al PSOE. Sánchez vuelve a sufrir por el qué dirán... Los suyos. Especialmente por lo que se está hablando.

Pero los sospechosos habituales, los que lo defenestraron como secretario general, los que lo llevaron hacia una repetición electoral, ya han saltado. Ya lo hicieron hace un mes, después del preacuerdo de coalición PSOE-Podemos, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra amenazando con romper el carné. Y lo hacen ahora, con Javier Lambán tildando a su compañero Miquel Iceta de "supremacista" o Emiliano García-Page expresándose en términos homófobos de "vaselina" por el posible entendimiento con ERC. La Gran Coalición es el sueño húmedo de la vieja guardia, que ya suspira.

También ha habido otras voces, que han tenido menos altavoz, en signo contrario. Es la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que antes del juicio ya habló por teléfono con Oriol Junqueras y ahora apuesta sin ambages por un gobierno de coalición con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas. También apuesta por la resolución del conflicto en una mesa de negociación. En manos de Sánchez, que ha demostrado ser capaz de todo, está si sucumbe nuevamente ante los barones más españolistas o si quiere coger el conflicto político por los cuernos.

¿Antes de fin de año?

El contexto es enormemente complejo. No sólo porque a los presos políticos les han caído casi un siglo de prisión, sino también por el calendario. Este lunes, en Bruselas, habrá la vista por la nueva euroorden contra el president en el exilio Carles Puigdemont. Al cabo de 72 horas, el jueves en Luxemburgo, habrá resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. A pesar de todo, los socialistas quieren intentar una investidura antes de que acabe el año.

Hay dos factores relevantes. El primero, que Sánchez ha perdido demasiado el tiempo y ha hundido bastante su credibilidad. Esta apuesta tiene que salir sí o sí y rápido, y para ello necesita a ERC. Por su parte, en plena pugna por el liderazgo independentista en Barcelona, los republicanos son conscientes de que no pueden volver de Madrid con las manos vacías. Para que haya investidura la última semana del 2019, hará falta que estas dos necesidades se alinien.

Todo está en juego en la mesa de los equipos negociadores del PSOE y ERC. Por momentos, ante la opacidad de las conversaciones, todo ha recordado a la famosa reunión entre Josep Tarradellas y Adolfo Suárez en 1977. No había ido muy bien, había habido mucha tensión, pero decidieron hacer un comunicado conjunto como si todo hubiera ido sobre ruedas. Al final aquella negociación acabó en buen puerto, eso sí.