De entre los nueve diputados que tiene la CUP en el Parlament, Montserrat Vinyets (Sant Celoni, 1977) es la que hace menos apariencia de serlo. Pero en su currículum como abogada tiene todos los puntos que la acreditan, con papeles de prestigio en causas judiciales contra los directivos de CatalunyaCaixa y la empresa privada de Aguas de Girona, y en defensa del miembro de los CDR Alexis Codina, encarcelado y encausado en la Operación Judas. Su experiencia profesional la ha llevado a ser la secretaria de la comisión CatalanGate del Parlament, y el cargo la ha catapultado esta semana hasta Madrid para reunirse con los eurodiputados de la misión que investiga el uso de Pegasus en España. ElNacional.cat la entrevista para constatar sus sensaciones después del encuentro y qué perspectiva tiene que se acabe aclarando el espionaje a pesar de la obstinación del Gobierno.
Ahora mismo costará mucho descubrir la verdad del CatalanGate, pero a largo plazo sí que sabremos alguna cosa
¿Cómo fue la experiencia y de qué sirvió el encuentro con los eurodiputados?
Me marché con la sensación de que quedaba información en el buche, con ganas de seguir hablando. En cinco minutos tienes poca capacidad de explicarlo todo en profundidad, y más todavía con una comisión que no conoce el marco legal concreto del país. Pero fue bien, fue un encuentro positivo y se constató que hay un patrón que se repite en diferentes países europeos.
En todo caso, eso demuestra que en Europa sí que hay interés por aclarar los hechos.
Sí, tiene interés desde la izquierda hasta las posiciones más liberales. Entienden que la democracia se tiene que preservar, y que el espionaje la pone en riesgo. El problema viene porque todos los gobiernos son muy recelosos de sus políticas de seguridad nacional, y Europa deja que esta cuestión la fijen las legislaciones internas de los mismos Estados. Y España engloba a los independentistas en este marco.
No sorprende, pues, que el Estado español haya optado por boicotear la misión.
Sí, no nos ha sorprendido nada su actitud. Se ha visto ahora que ha venido la misión europea, pero también se había visto antes. Félix Bolaños salió a decir que se investigaría qué ha pasado, y no se ha hecho absolutamente nada: no se ha desclasificado información, el documento del Defensor del Pueblo no tiene ni la categoría de informe, la comisión de secretos oficiales no aclara nada... Hay interés cero. Y lo más sorprendente es que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que es el encargado de autorizar las actividades del CNI que vulneren derechos fundamentales, alegara que no es competente para dar acceso a las autorizaciones de espionaje. Existe un cuerpo jurisprudencial europeo que dice que se tiene que dar un recurso a las víctimas para saber si ha habido proporcionalidad y justificación, pero el Estado español no lo permite.
La presencia de Unidas Podemos en la coalición no ha alterado la actitud del Gobierno, pues.
La posición de Unidas Podemos es bastante decepcionante, porque también ha participado en el relato de pasar de página, con una posición muy tibia. Además, de manera muy hábil, el Estado español sitúa el espionaje en el marco del CNI, que quiere decir ministerio de Defensa, que quiere decir seguridad nacional, y aquí no tienes posibilidad de entrar por ningún sitio, queda todo atascado. Pero no podemos descartar que otros ministerios no hayan utilizado este software, y entonces sí que tendríamos más vías para aclararlo.
Porque, desde una perspectiva legal, ¿tiene sentido enmarcar el espionaje al independentismo como una cuestión de seguridad nacional?
Este es el drama: se tendría que enmarcar como disidencia política. Este software estaría justificado en casos de peligro inminente, de terrorismo o crimen organizado. Pero aquí se equipara eso con la disidencia política. El mismo Tribunal Supremo dice que la democracia no es militante, que no hace falta que tengas una actitud militante de respeto a la Constitución, y se permiten los proyectos alternativos. Pero como las directivas de inteligencia españolas dicen que se pueden utilizar estas herramientas también cuando se ponga en riesgo la soberanía y la integridad territorial... Desde Europa se tendría que dejar claro que la disidencia política no se puede poner en este marco ni equipararlo con el terrorismo.
¿Qué margen tiene Europa para hacer que España altere esta visión?
El margen que puede tener es muy pequeño, porque, como decía, los Estados son muy recelosos con todo aquello que tiene que ver con sus estrategias de seguridad nacional. Pero quizás sí que se tendría que hacer algún tipo de legislación en este sentido.
Es decir que aclarar el CatalanGate depende completamente del Estado.
Sin duda. Depende de la voluntad del Estado, que por ahora es inexistente. Por eso se crea la comisión de investigación del Parlament, para ponernos en una posición de autotutela porque si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie. Como mínimo, que quede constancia que nos encontramos con un muro de hormigón cuando intentamos averiguar la información.
Es evidente que al exministro Zoido se le tenía que decir que estaba diciendo fake news para hacerlo callar
Porque, hasta ahora, los representantes del Estado citados por la comisión del Parlament no han comparecido.
Sí, y aplicando el reglamento se ha presentado una denuncia en la Fiscalía. Pero lo vemos como un mero trámite administrativo, porque si el primero que no viene al Parlament es el fiscal general del Estado, no confiamos en que tenga recorrido. El poder judicial es una pata más de todo esto.
Pero en todo caso los partidos y las entidades independentistas sí que optaron desde el primer momento por la vía judicial, presentando querellas contra el espionaje. ¿Esta vía puede acabar resultados?
La vía judicial no la tenemos que descartar, pero no podemos poner todos los huevos en esta panera porque tiene muchos inconvenientes. La Fiscalía, que tendría que actuar como un actor garante de la legalidad, es el primero que boicotea la investigación, diciendo que el Estado español no es competente para investigarlo. Y los jueces tienen una posición de admitir las querellas para que no sea dicho, pero no dar ningún paso para que la investigación avance. Sí que ha sido una buena noticia la decisión de la Audiencia de Barcelona, que ha enmendado la posición del juez instructor y la Fiscalía para preguntar al CNI si compró Pegasus. Veremos si sigue avanzando.
Con este requisito, ¿el CNI está obligado a responder si ha comprado el software? ¿O lo puede obviar?
Todo eso es un terreno muy nuevo. Ahora existe un mandato judicial y el CNI tiene que responder. Pero no podemos descartar que diga que no, o que no responda, o que tenga una actitud pasiva y todo quede en un punto muerto.
¿Y la vía de la justicia europea?
Sí, de hecho estamos intentando agotar la vía judicial interna para saltar a Europa. Todas las querellas se ponen con la mirada en Europa.
Así pues, ¿la vía europea sí que permitirá aclarar el CatalanGate?
Se trata de utilizar todas las vías. Es una vía más, y para hundir este muro de hormigón se tienen que utilizar todas las vías: la denuncia política, la vía judicial interna y europea, y todo lo que se nos ocurra.
Sin embargo, insistiendo en este punto, y en contraste con la poca confianza que tenéis en la justicia española, ¿sois optimistas con la europea?
Lo que puedo decir es que Europa ya ha dictado sentencias que dicen que los Estados tienen que dar respuesta y posibilitar que las víctimas espiadas tengan el derecho a recurso eficaz. Y eso no lo garantiza ahora mismo España. Aplicando la misma doctrina europea, se tendrá que dar este derecho para valorar si el espionaje ha sido proporcional y justificado.
La justicia europea dice que se debe permitir a las víctimas para saber si el espionaje es proporcional, pero el Estado español no lo permite
¿Y una vía directa con el Estado puede funcionar? Sea a través del diálogo o de la presión.
La comisión del CatalanGate del Parlament pretende ser una constante presión al Estado, pero parece que no le hacemos todavía demasiadas cosquillas. Tenemos que ir elevando el tono de la presión y recurrir a organismos internacionales para hacer extensivo el problema. Pero ahora mismo es evidente que hay un acuerdo de todos los actores del régimen del 78 para que no se toquen estos temas.
Con todo esto, ¿tú personalmente confías en que algún día se acabe descubriendo la verdad del CatalanGate?
Ahora, de forma inmediata, costará mucho, pero a largo plazo sí que sabremos alguna cosa. Lo estamos viendo con la Operación Catalunya, en la que estamos descubriendo nuevos detalles y nuevas informaciones aunque han pasado los años.
Volviendo a la misión europea, ha habido polémica por| la respuesta del presidente Pere Aragonès a la intervención del exministro Zoido, y por la reunión de los eurodiputados con miembros solo de ERC. ¿Cómo lo valoráis?
Que a Zoido se le tenía que decir que estaba diciendo fake news para hacerlo callar es una evidencia. Y que la comisión Pegasus se tenía que encontrar con otras víctimas, como miembros de la sociedad civil, también es evidente. Son dos cuestiones desacertadas.
La idea de la comisión de investigación sobre fondos buitres es hacerles llegar que aquí no son bienvenidos
Cambiamos de tema. El Parlament ha aprobado esta semana poner en marcha una comisión de investigación sobre los fondos buitres. ¿Por qué es tan necesaria y qué resultados esperáis que aporten?
Hay mucho desconocimiento en término de datos e información sobre cómo se estructura la propiedad del país. Estos fondos actúan de forma silenciosa y oculta. Tenemos que tener una radiografía para hacer buenas propuestas legislativas de vivienda. ¿Estas empresas tienen que poder ser actores válidos o se las tendría que limitar? Eso queremos resolver.
La comisión se ha retrasado algunos meses por el boicot del PSC y Junts, partidos que, además, han aprobado una ley para facilitar los desahucios.
Ha costado llevarla al pleno más tiempo de lo que nos habría gustado, pero celebramos que finalmente la tengamos. Ahora toca que empiece a caminar con la máxima celeridad posible y que seamos muy diligentes a la hora de hacer el plan de trabajo. Sobre la ley de los desahucios, creemos que se ha hecho para buscar titulares de prensa que dieran oxígeno al PSC y Junts de cara a las elecciones municipales. Tan solo se enmarca en la lógica de equiparar criminalización con conflicto vecinal.
La comisión de fondos buitres es inédita en Europa, y sitúa, de nuevo, el Parlament de Catalunya a la vanguardia en la defensa del derecho en la vivienda. ¿Cómo lo valoráis?
Está muy bien. Es que los fondos buitres no solo afectan a la vivienda, sino que también acaparan tierras o servicios básicos. Toda esta gente se mueve mucho en términos de seguridad, de tener espacios en que se sientan seguros. Solo con que vean que un territorio les planta cara, ya desinvierten. Lo vimos en Berlín, donde se hizo un referéndum para socializar los pisos de grandes tenedores, y ya durante el proceso algunos de estos se marcharon por el debate que se había generado. La idea de la comisión en el Parlament es hacerles llegar que aquí no son bienvenidos.