El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación de la acumulación de inmuebles por varias entidades, como los fondos buitre, los bancos, los grandes tenedores o capital riesgo. La propuesta, impulsada por Esquerra Republicana, la CUP y los comuns, también ha contado con el apoyo del PSC y Junts per Catalunya, mientras que Vox, Ciudadanos y el PP han votado en contra. El objetivo de esta comisión, que ahora se tendrá que constituir y acordar un plan de trabajo, es analizar la evolución en las últimas décadas del parque público de vivienda y de vivienda de protección oficial (VPO), los motivos de la pérdida de este parque y el análisis del proceso de rescate bancario y el destino final de los inmuebles de los bancos rescatados. En este sentido, se quiere monitorear y disponer de datos sobre las viviendas que acumulan los grandes actores que operan en Catalunya, creando un registro de grandes tenedores.

Según recoge el texto presentado por ERC, la CUP y los comuns, "el derecho al acceso a la vivienda, y más en una vivienda digna, es un derecho vulnerado especialmente para los jóvenes, a los cuales les es imposible emanciparse". Como razones, los firmantes sitúan "la estrepitosa acumulación de inmuebles en manos de determinadas sociedades que con sus prácticas influencian al conjunto del mercado inmobiliario en un sentido especulativo y rentista" y "la promoción de vivienda de protección oficial diseñada de manera tal que incentivaba la venta y descalificaba la consideración de VPO a lo largo de los años, comportando una reducción del parque protegido año tras año, mientras persistía el lucro de las promotoras que se encargan de construir y gestionar vivienda calificada como VPO". Por todo ello, la comisión buscará "radiografiar cuál es el impacto de estas sociedades y estas políticas públicas en la estructura de la propiedad" del país.

La falta de datos, dificultad para hacer políticas públicas

Durante la defensa de la creación de esta comisión de investigación, los diputados de ERC, la CUP y comuns han coincidido en la necesidad de una diagnosis para poder mejorar las políticas públicas referentes a la vivienda. Montserrat Vinyets (CUP) ha defendido que "para hacer políticas de cualquier cosa, se tiene que tener una radiografía completa", y ha sostenido que hace falta una comisión de investigación y no de estudio porque los fondos buitre "quieren actuar desde la sombra, desde atrás, sin escrutinio público". Por su parte, Susanna Segovia (En Comú Podem) ha disuadido las dificultades para poder incorporar este punto en el orden del día del pleno —se registró en noviembre de 2022 la petición de la comisión— y ha insistido en disponer de estas estadísticas a fin de que la Generalitat pueda iniciar "procesos de sanción y expropiación, si hace falta, contra estos actores si no cumplen con la función social de la vivienda". En la misma línea, el diputado Pau Morales, de ERC, ha defendido poner "luz a muchas cuestiones que todavía son opacas".

A pesar del apoyo del PSC y Junts, los socialistas han reprochado que ya se han aprobado mociones en el sentido de disponer de registros sobre las viviendas que tienen los grandes tenedores y, en cambio, "no llegan los cumplimientos". La diputada Eva Candela ha urgido aprobar el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge o impulsar el Pacte Nacional d'Habitatge. En eso, ha aseverado, "la culpa no es de Madrid, es del Govern". En el caso de los juntaires, Marta Madrenas ha señalado que les parece "oportuno" hacer esta comisión, pero ha lamentado que a menudo "se ha actuado de forma precipitada y con improvisaciones en materia de vivienda, se han querido hacer transformaciones radicales con fórmulas simplistas, con enfoques de mirada corta y con sectarismo ideológico, alejándonos del pensamiento central de la sociedad". "Hay que centrarse en datos y evidencias, no en intuiciones", ha reprochado. Pocos minutos después, desde la sala de prensa del Parlament, el Sindicat de Llogateres ha celebrado la creación de esta comisión: "Era muy necesario, ha tenido un apoyo muy amplio y ahora necesitamos que haya valentía en el calendario de comparecencias".