La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que su ejecutivo no se pronuncia sobre el tercer grado que la Generalitat ha concedido a los presos políticos, porque allí donde hay intervenciones garantistas a través de la ley penitenciaria" y por parte "de las autoridades a quienes corresponde", su ejecutivo "no interviene ni opina". Calvo ha querido dejar claro que su ejecutivo no tiene ningún papel en esta decisión porque "todas las cuestiones relativas a Catalunya están en el ámbito que tienen que estar" y "en los plazos" que corresponde. "El gobierno no juega con estos plazos", ha dicho, "y las cosas no pasan al ritmo de ningún otro calendario que el del respeto de las administraciones".
La vicepresidenta ha hecho estas manifestaciones en el patio del Congreso de los Diputados después de que se haya dado a conocer el tercer grado que permitirá que los presos hagan campaña para el 14-F. Precisamente ha puesto como ejemplo de la no intervención de su ejecutivo el hecho de que la campaña empiece este jueves y que las elecciones no se hayan pospuesto como querían la mayoría de las fuerzas catalanas. "Nosotros estamos en lo que dice el tribunal", ha concluido.
Esta mismo mañana, el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima ha resuelto en tercer grado las clasificaciones de los presos políticos, de manera que ratifica la propuesta formulada el 14 de enero para las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Puig de les Basses (Figueres), en relación con Dolors Bassa, y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), en relación con Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Forcadell, pendiente
Todos los presos, a excepción de Carme Forcadell, que todavía tiene su caso pendiente de resolver, saldrán mañana viernes, primer día de campaña electoral. Por lo tanto, está prevista su participación en varios actos de sus partidos. A pesar de estar inhabilitados, la pena no los priva de participar en actos políticos ni de pedir el voto. Todos están sujetos a una pena de privación de libertad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política.
En todo caso, el tercer grado se puede recurrir, como ya pasó la otra vez y el Tribunal Supremo lo derogó y los presos volvieron a la prisión. En caso de que pasara en medio de la campaña, los presos tienen otra carta: los permisos. Todos han cumplido un cuarto de la pena, cosa que añadida al tercer grado hace que dispongan de 48 permisos al año que se los pueden distribuir como quieran. Y en medio de la carrera electoral, es más que probable que utilicen esta opción.