El Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia ha denunciado “el bloqueo” de diversas investigaciones judiciales para aclarar el espionaje al independentismo catalán con el software Pegasus, destapado con la investigación Catalangate. En concreto, Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia, ha explicado este miércoles que la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, Maria Antònia Coscollola, que investiga el espionaje al abogado de ERC Andreu Van den Eynde y la del exeurodiputado de ERC Jordi Solé, ha tramitado de forma incorrecta las Órdenes Europeas de Investigación (OEI) y ha respondido a las reiteradas peticiones de las autoridades luxemburguesas para corregirlo. La orden es un mecanismo clave para poder investigar a las empresas del grupo NSO, titulares de Pegasus, con sede en Luxemburgo, y citar a sus responsables como investigados. “Esta situación impide una investigación efectiva y vulnera el derecho de las víctimas a la tutela judicial”, ha declarado Olivella.
Actualmente, hay una docena de investigaciones en juzgados de Barcelona sobre el espionaje al independentismo catalán, con la infección de sus móviles con Pegasus. Recientemente, en cuatro casos, que implican el espionaje a excargos de ERC y de Òmnium, los jueces han acordado el archivo provisional, a la espera de resultados de las diligencias acordadas. En todos los procedimientos, se acusa a NSO y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del delito de revelación de secretos por haber espiado a políticos y responsables de entidades como la ANC y Òmnium entre los años 2018 al 2020. Las investigaciones, sin grandes avances, están en peligro de la prescripción: la revelación de secretos prescribe a los cinco años después de producirse los hechos y se judicializaron —acción que detiene la prescripción— hace cuatro años.
Nuevas órdenes europeas
Recientemente, en la investigación del espionaje a cargos de la CUP, el juez encargado del caso, el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, ha enviado ahora la OEI a Luxemburgo, después de exigirlo su abogado, Benet Salellas. La única causa más avanzada es la investigación por el espionaje al president Pere Aragonès, y es previsible que el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, envíe a juicio a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que está imputada en este procedimiento y otras cuatro causas.
Sin respuesta
En este contexto, Irídia ha asegurado que “cuatro años después del inicio de las investigaciones y seis años después de los hechos, diversas causas continúan encalladas por graves obstáculos judiciales que impiden una investigación exhaustiva y efectiva”. Incluso, Irídia sostiene que algunas de las personas imputadas todavía no habrían sido notificadas de su condición de investigadas en el marco de la justicia penal en el Estado español.
En la causa de Andreu Van den Eynde, Irídia ha asegurado que “hay comunicaciones judiciales procedentes de Luxemburgo que evidencian la falta de respuesta reiterada del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona”. Añade que “las autoridades luxemburguesas requirieron en más de cuatro ocasiones una respuesta a las solicitudes de cooperación judicial —hasta seis en otros casos— y advirtieron que, en ausencia de respuesta dentro de los plazos establecidos, se archivarían las actuaciones sin ejecutarlas”. Posteriormente, se ha detallado que se habría confirmado el archivo de la Orden Europea de Investigación y su traslado al Ministerio Fiscal por la falta de respuesta de la autoridad judicial española.
Olivella ha reiterado que “las Órdenes Europeas de Investigación son esenciales para avanzar en las causas sobre Pegasus, ya que son la única vía para investigar empresas como NSO Group, con sede en Luxemburgo, y obtener información clave para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades”.
Por su parte, la especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, ha señalado que, mientras en el Estado español la investigación continúa bloqueada, en países como Polonia y Grecia se han producido avances en la investigación y rendición de cuentas, hecho que “evidencia la falta de voluntad política en el caso español».