El juez ha pedido desclasificar datos del CNI por el espionaje con Pegasus a exdiputados de la CUP, concretamente Carles Riera, Albert Botran y David Fernández. Según el auto, el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha acordado remitir al gobierno español un suplicatorio para que descalifique información y documentos del CNI declarados secretos o reservados relacionados con el presunto espionaje político a los anticapitalistas. El abogado de los querellantes, Benet Salellas, había presentado un escrito al juzgado para instar al tribunal a dar este paso.
El magistrado José Antonio Cruz de Pablo quiere la desclasificación de los "asuntos, actas, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados" que pudieran "verse afectados" por la declaración testifical de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que aún no ha sido citada a declarar en esta causa. El juez razona que "resulta imprescindible interesar que por el Consejo de Ministros se proceda a la desclasificación" de estos documentos e informaciones, a fin de posibilitar que esta testigo declare sobre los extremos que se investigan.
Orden europea en Luxemburgo
En el escrito del pasado 16 de marzo, Salellas instaba al tribunal a pedir "la desclasificación de los documentos del CNI en relación con las intervenciones telefónicas que sufrieron el exsecretario de la Mesa del Parlament de Catalunya Carles Riera y los exdiputados Albert Botran y David Fernández". Estas intervenciones se produjeron los años 2019 y 2020. Además, cabe recordar que la querella fue presentada por Fernández, Riera y Botran contra la mercantil Osy Technologies como propietaria de las empresas NSO Group y Cyber Technologies, que serían responsables de la confección y comercialización del programa Pegasus.
Así, en otro auto, el mismo juez ha emitido una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades competentes de Luxemburgo para que identifiquen las cuentas bancarias vinculadas a las empresas mencionadas. Una vez conocidas las cuentas bancarias, el magistrado solicita que se requiera a las entidades bancarias la copia del extracto de todos los movimientos realizados entre 2016 y 2022 a efectos de identificar "posibles pagadores españoles" de Pegasus. Considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento o revelación de secretos por el supuesto espionaje a los tres exdiputados entre abril de 2019 y junio de 2020. "Para poder seguir avanzando en esta vía de investigación, encaminada a identificar quién recibe el dinero procedente de la adquisición de estos programas informáticos de spyware por parte de organismos o al menos pagadores españoles, se hace necesario recabar el auxilio de las autoridades de Luxemburgo donde radica el domicilio social de las citadas mercantiles", concluye.
Imagen principal: uno de los exdiputados de la CUP afectado por el espionaje con Pegasus, Carles Riera / Irene Vilà Capafon