Quien fue vicepresidenta de los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, ha renunciado a la presidencia del Consejo de Estado. Así lo han confirmado fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno tanto a Efe como en Europa Press, que añaden que la renuncia será confirmada a la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes día 18 de octubre. Las mismas fuentes explican que la dimisión se produce después de cumplir el compromiso adquirido con Pedro Sánchez de estar cuatro años al frente del Consejo de Estado, así como de llevar a cabo una serie de reformas como la digitalización y la transparencia de la institución.
La continuidad o no de De la Vega como en miembro permanente del órgano consultivo depende del Gobierno que, si es así, tendrá que aprobar su nombramiento. Por otra parte, el ejecutivo estatal también tendrá que aprobar la renuncia por razones personales de Victoria Camps. Fuentes del Consejo de Estado comentan a El País que existe relación entre ambas renuncias y que la exvicepresidenta puede ocupar de nuevo un puesto como consejera permanente, cargo que tenía antes de acceder a la presidencia de la institución el año 2018.
Relevo en el Consejo de Estado
Parece que la renuncia de Camps y la dimisión de De la Vega se producen de manera simultánea para facilitar el relevo interno ante el inicio del último año de legislatura. Si la todavía presidenta del Consejo de Estado pasa ahora a ocupar otra vez un puesto de consejera permanente, podrá mantenerse indefinidamente porque el cargo que queda vacante tiene carácter vitalicio. Pero si no dimite, el próximo año puede ser destituida si el PSOE pierde la presidencia del Gobierno. Así pues, la sustitución de Camps por De la Vega asegura la continuidad de la exvicepresidenta española a la institución, pase lo que pase a las siguientes elecciones generales.
De la Vega llegó a la presidencia del Consejo de Estado el año 2018, sustituyendo a José Manuel Romay Beccaría. Fue la primera mujer que obtuvo un lugar permanente a la institución y como presidenta defendió el estado de alarma aprobado por el gobierno de Sánchez ante la pandemia de la covid-19. Un estado de alarma que después fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Ella defendió que se trataba de una medida constitucional y necesaria, ya que "el régimen actual de eventual restricción del derecho de la norma en proyecto establece se ajusta a las exigencias de la jurisprudencia constitucional, al orientarse a la protección de la integridad física y de la salud de las personas, configurándose, además, como una medida necesaria para la consecución de la finalidad perseguida por la norma, que no es otra que evitar la propagación de una enfermedad contagiosa grave".