La Fiscalía General del Estado pide que no se admitan los incidentes de nulidad que han presentado las defensas de los condenados por el 1-O.
El ministerio público dice que "la queja no tiene fundamento". Ahora el tribunal tendrá que pronunciarse, y todo hace prever que no aceptará los recursos de las defensas para declarar nula la sentencia. La Fiscalía se tiene que pronunciar todavía con respecto a los incidentes de nulidad de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell.
Pedir la nulidad de la sentencia es el primer paso para empezar los trámites con la justicia europea para revertir la situación de los 12 condenados. Pero la Fiscalía se mantiene firme como el primer día, como en sus escritos de acusación, y llega a decir que no se vulneraron derechos como el de reunión, libertad ideológica ni libertad de expresión porque se trataba de "levantamientos hostiles contra las resoluciones judiciales".
El tribunal presidido por Manuel Marchena ha trasladado a la Fiscalía la petición para que se posicione sobre la nulidad de la sentencia que piden los condenados y en todos los casos la posición es clara. No quiere que se admitan porque dice que no hay motivos.
Las alegaciones que presenta la Fiscalía sobre Jordi Cuixart dicen que no hay fundamento para pensar que no fue un proceso con todas las garantías y que las reflexiones sobre el derecho a decidir vinieron impuestas por el contexto político: "Las reflexiones del tribunal sobre el derecho a decidir no fueron gratuita literatura con trasfondo político, sino contestación a las demandas de las defensas que habían alegado causas de justificación en amparo de su comportamiento para eliminar la tipicidad penal. Así lo dice la sentencia, que incluso duda sobre dónde incardinar la respuesta: en vulneración de derechos fundamentales o en juicio de tipicidad".
El ministerio público habla de un "arsenal de pruebas" contra Cuixart y mantiene que "hubo varios actos de alzamiento público y violento, pensados y diseñados previamente, con estrategia concertada, para impedir por la fuerza y fuera de las vías legales la aplicación de la ley y el cumplimiento de resoluciones judiciales" e insiste en que "existió un alzamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica".
En el caso de Dolors Bassa la Fiscalía dice que "no tiene sentido la queja". Sobre la confusión en la que se atribuye a Bassa competencias de Educació, la Fiscalía dice que "no existe nada diferente a un simple error material, que se puede subsanar con esta u otra resolución, que no incide para nada en el juicio de culpabilidad".
La Fiscalía entra en el contenido del delito de sedición en las alegaciones para no admitir la nulidad de la sentencia de Quim Forn. Dice: "Se han ejecutado en el proceso sedicioso episodios violentos y se ha perseguido directa o indirectamente declarar la independencia (almenos fue declarada formalmente), la concurrencia de estas circunstancias dota de una especial gravedad al hecho de la sedición". Añade que "más allá de la afectación del orden público, los hechos generaron también un cierto riesgo para el orden constitucional".
Alega que Forn tuvo una "oposición violenta a la actuación de los agentes policiales" y que "instigó y promovió la violencia ante las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pretendían el cumplimiento de la orden judicial".
A Jordi Turull la Fiscalía le tumba los argumentos sobre las filtraciones de la sentencia y dice que la sentencia está justificada. El ministerio público, además, señala que no se puede degradar unos hechos tan graves a la simple consideración de desórdenes públicos".
La nulidad para Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs se centra en el delito de malversación y, según la Fiscalía, ninguno de los tres se encuentra en una situación económica límite inferior que se correspondería en todo caso con el mínimo legal" y, por lo tanto, cree que tienen que cumplir la condena.