El diario británico The Guardian escribió que "un gran defecto de la España contemporánea es la existencia de una justicia muy politizada y profesionalmente incompetente". ¡Esto es de hace 15 años! De cuando las trampas conservadoras para reventar un Estatuto que los catalanes habían aprobado en referéndum. Desde entonces, es obvio que las cosas han ido a peor, a mucho peor. La Justicia española ha llegado a un grado de deterioro y desprestigio insostenible. Una mayoría larga de ciudadanos españoles desconfía de la justicia, según la última encuesta del CIS. Un sondeo publicado por ElDiario.es señala otro dato significativo: solo los votantes del Partido Popular aprueban con un 5 raspado la tarea de los tribunales.
Varios especialistas han descrito cómo el sistema judicial español arrastra todas las herencias de los regímenes autoritarios de los últimos dos siglos. Destacan que sociológicamente el acceso a la judicatura está reservado a una determinada casta que se autorregenera; que los méritos para ascender suelen ser político-ideológicos, que no hay ningún control de calidad de su trabajo, que los errores judiciales son impunes y a menudo premiados con un ascenso al Tribunal Supremo, como han sido los casos de Manuel Marchena y Carmen Lamela, por poner solo dos ejemplos.
La huelga política de los jueces y el cierre de filas de exsocialistas y exintelectuales exprogresistas en defensa del Régimen hace pensar que estaban lo suficiente asustados, pero con Santos Cerdán, respiran aliviados porque han encontrado lo que buscaban para seguir manteniendo sus privilegios
Esta evolución tan negativa tiene mucho que ver con la nula voluntad de los gobiernos del Partido Popular para modificar el statu quo y la falta de coraje o de interés de los gobiernos socialistas por reformar el sistema. De hecho, los socialistas han ejercido la mayor parte del tiempo como garantes del sistema, repartiéndose con el PP las instituciones y los organismos del Estado.
Eso es lo que ahora parecía —y solo parecía— que podía cambiar. Como siempre, haciendo de la necesidad virtud, pero tarde y mal, el gobierno de Pedro Sánchez se acordó de Santa Bárbara cuando empezaba a tronarle encima. Aun así, reincidió pactando con el PP la composición de un Consejo General del Poder Judicial que tampoco acaba de funcionar. Seguramente lo hizo como moneda de cambio para poder renovar a su favor el Tribunal Constitucional. Ahora, sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado una mínima reforma que como ambición máxima pretende becar la preparación de las oposiciones a juez para que no sean solo los hijos de familias ricas los que accedan a la judicatura. Y automáticamente, jueces y fiscales se han puesto en pie de guerra y han declarado tres días de huelga.
Que el poder judicial haga huelga resulta tan absurdo como que haga huelga el gobierno o, llegados a este punto, que también haga huelga el rey, ahora que dice que le han o se ha bajado el sueldo. En ninguna democracia seria los poderes tienen derecho a huelga. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial no ha querido ejercer su potestad, y es más: los jueces dicen que quieren hacer huelga como cualquier otro funcionario público, pero no exactamente igual, sin dar la cara e impidiendo que les descuenten, como al resto de trabajadores, el salario proporcional a los días que no han trabajado. Hacen huelga y no por una reivindicación laboral, sino como una movilización política contra el poder ejecutivo y el poder legislativo, una actitud evidentemente antidemocrática que confirma su parcialidad.
La crisis del Régimen se produce cuando la corrupción afecta a todas las instituciones y las previsiones constitucionales se alteran, y se han alterado cuando se niega legitimidad a partidos legalmente constituidos para participar en la gobernanza del Estado por la única razón de que son susceptibles de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del Estado
Sin embargo, no es este un problema gremial. Las imágenes de los jueces, del poder judicial, haciendo huelga contra el poder ejecutivo forman parte del asedio institucional al ejecutivo de Pedro Sánchez, y esta batalla es la prueba más fehaciente de que España atraviesa una crisis de régimen. La crisis del Régimen se produce cuando las previsiones constitucionales se alteran, y se alteran cuando se niega legitimidad a partidos legalmente constituidos para participar en la gobernanza del Estado por la única razón de que son susceptibles de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. Y todo tiene una explicación.
En España, la corrupción ha hecho tambalear la monarquía; ha hecho y hace tambalear a los dos partidos que se alternan en el gobierno; las policías practican impunemente la guerra sucia con cargo a los fondos reservados, los jueces interpretan las leyes de la manera más retorcida y se niegan a acatarlas cuando no son de su gusto. No menos, sino más importante es que las desigualdades aumentan, la clase media va en retroceso, los jóvenes no pueden emanciparse, y el derecho a la vivienda se convierte en un lujo para privilegiados. Con este panorama, resulta del todo lógico que los ciudadanos dejen de confiar en los de siempre y busquen otro tipo de representantes, algunos más de izquierdas y otros más de derechas, y otros procedentes de las nacionalidades históricas, defensores de la realidad plurinacional.
Un régimen político solía caer por su propio peso cuando todas sus estructuras se tambalean y deja de funcionar. Así que parecería que el edificio del actual Estado se hundirá en cualquier momento y daría lugar a uno nuevo. Desgraciadamente, las cosas no son como antes. La capacidad de resistencia del poder establecido es enorme y la rebelión de las masas ya solo triunfa en las novelas históricas. Se puede constatar la debilidad del Régimen con este tipo de movimiento de resistencia que da lugar a coincidencias significativas. Siento repetirme, pero ahora Felipe González y José María Aznar, ambos presidentes de gobiernos corruptos, se han visto obligados, motu proprio o por encargo, a irrumpir en el debate del presente con unos discursos estridentes, llamando a una movilización contra una alternativa tan democrática como cualquier otra. Los exministros socialistas coinciden ahora con los discursos de Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Los presuntos intelectuales que antes presumían de progresistas, de Fernando Savater a Félix de Azúa, pasando por el factótum Juan Luis Cebrián, cierran filas contra los que temen que puedan cambiar las cosas. Javier Cercas es autor del artículo mejor pagado de la historia, "Sin el Rey no habría democracia": qué menos que cederle precisamente el asiento de la letra R en la Real Academia Española. Siempre al servicio de Su Majestad, ha sido el encargado esta semana de hacer la compilación de los ataques contra Pedro Sánchez, exigiéndole lo mismo que los diputados del PP cuando gritan en el Congreso: "¡Dimisión!". Cuando el núcleo duro de la derecha y algunos farsantes que se hacen llamar de izquierdas cierran filas de manera tan beligerante, significa que están asustados. Es decir, efectivamente el Régimen está en crisis, pero se resiste a morir con la agresividad propia de un monstruo malherido. Lástima que ahora que se ponía un poco interesante, irrumpe Santos Cerdán con tantas miserias que el sanedrín de la España eterna, la de Fernando VII, la de Primo de Rivera, la de Franco y la de los Borbones, vuelve a respirar aliviada. Ya no necesita al Ejército.