Junts per Catalunya ha clavado en menos de una semana una segunda estocada a Yolanda Díaz. El grupo parlamentario que lidera Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción con capacidad sancionadora. El diputado independentista Josep Pagès ha argumentado que "no es admisible la creación de un nuevo órgano que es una ocurrencia y no una voluntad real de solucionar un problema", y ha recordado que Catalunya tiene desde 2008 la "Oficina Antifraude dirigida por excelentes profesionales". "Lo último que nos interesa es duplicar estructuras y menos con la creación de un órgano estatal que centraliza competencias y pretende controlar la oficina antifraude catalana", ha añadido. La iniciativa ha caído por 170 votos a favor, insuficientes ante los 176 que han sumado PP, Vox y Junts.
La iniciativa del partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno contemplaba la creación de una oficina con funciones de prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción, además de poder elaborar planes de prevención para el conjunto del sector público. La proposición proponía poder sancionar con hasta un millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista era de 400.000 euros. El nuevo organismo que planteaba Sumar habría tenido estatus de autoridad independiente, un director no militando en partidos políticos y un cuerpo de inspección reclutado por oposición. Según el texto, la oficina habría podido investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
Entre las funciones preventivas, la propuesta recogía la elaboración de códigos de conducta, la creación de sistemas internos de alerta y un buzón de denuncias. Las investigaciones no habrían podido superar los seis meses, prorrogables para otro semestre en casos complejos. La Oficina Anticorrupción habría tenido además capacidad de inspección para examinar expedientes y registros en las entidades del sector público, así como para requerir información a cualquier persona o sociedad que maneje fondos públicos.
Una semana después de tumbar la reducción de la jornada laboral
La nueva bofetada de Junts a Díaz llega menos de una semana después de haber tumbado en el Congreso de los Diputados la ley estrella de la vicepresidenta segunda en esta legislatura, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. El argumentario de Junts para oponerse a esta ley era que su aplicación no podría ser asumida por la pequeña y mediana empresa de Catalunya, así como por sus autónomos y el sector agrícola. La formación hace una defensa de la cultura del esfuerzo, de la "generación de riqueza" y de los pequeños negocios que tienen que pagar las nóminas de unos pocos trabajadores. Considera que la reforma del Ministerio de Trabajo "empobrece la clase media y trabajadora" y lamentan que ellos no están en contra de reducir la jornada, pero que el ejecutivo de PSOE y Sumar "no ha explicado quién lo pagará".