Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, y de los consellers Albert Dalmau y Francesc Xavier Vila para aclarar cuál será la respuesta del Govern a la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de anular provisionalmente parte del decreto de régimen lingüístico educativo. La petición se ha hecho pública este lunes en rueda de prensa por parte de la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, que ha reclamado una acción “contundente, de país y al lado del sector educativo” ante la resolución judicial.

Sales ha cargado contra el ejecutivo, al que ha acusado de ser “cómplice” de la situación de “permanente ataque” al catalán por falta de “compromiso” con la lengua. En este sentido, también ha criticado el Pacte Nacional per la Llengua, que próximamente cumplirá un año, porque no concreta cuál debe ser la respuesta institucional ante nuevas sentencias. “No queremos propaganda, queremos hechos, y este Govern hace anuncios por encima de sus posibilidades, pero no concreta nada”, ha afirmado.

La dirigente de Junts ha insistido en la necesidad de una respuesta clara ante posibles resoluciones futuras y ha apostado por “hacer valer” los acuerdos parlamentarios que han permitido aprobar la normativa lingüística vigente. También ha abierto la puerta a explorar nuevas vías si es necesario reforzar este marco. Finalmente, ha exigido un posicionamiento firme del ejecutivo: “Queremos un Govern que dé respuesta a las injerencias judiciales, a la vulneración de derechos”, y ha subrayado que una de las prioridades debe ser que el Govern “se aplique lo que dice el Pacte Nacional per la Llengua”, también en el uso habitual del catalán dentro de la propia Administración.

Una orden que hace trizas el decreto que blindaba el catalán en la escuela

El TSJC ha ordenado ejecutar la sentencia que destroza el decreto que blindaba el catalán en la escuela. En una decisión de este lunes, el tribunal ha estimado parcialmente la solicitud provisional presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y ha declarado nulos provisionalmente los preceptos del decreto lingüístico educativo que ya anuló la sentencia del 8 de septiembre de 2025. Así pues, son once los artículos anulados de manera total o parcial del decreto que fijaba el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje, así como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, de relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.