El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado varios artículos clave del decreto lingüístico educativo de la Generalitat del 2024, dando parcialmente la razón a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Los artículos declarados nulos establecían el catalán y el aranés como lenguas principales de enseñanza, gestión administrativa y relación con las familias, así como en materiales y evaluaciones escolares. La sentencia todavía se puede recurrir.
También se han eliminado las partes del decreto que establecían el catalán como lengua prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o como única lengua de acogida para alumnos recién llegados. Igualmente, se ha suprimido la obligación de que todos los docentes y el personal no docente hablaran catalán y cumplieran estrictamente el proyecto lingüístico del centro.
Entre los artículos anulados había los que garantizaban una presencia mínima del castellano para asegurar la competencia lingüística del alumnado y los que equiparaban la lengua de signos catalana con el catalán y el aranés para los alumnos sordos. Esta medida afectará a las escuelas que actualmente aplican modelos con un 25% de castellano.
"Declarar una lengua como normal no puede suponer la primacía sobre la otra"
El TSJC recuerda que el decreto se impulsó como respuesta a sentencias anteriores que obligaban a garantizar al menos un 25% de enseñanza en castellano. Los magistrados subrayan que declarar una lengua como "normal" no puede suponer la primacía sobre la otra y que hace falta un equilibrio real entre las lenguas oficiales para asegurar que todos los alumnos acaben la educación obligatoria con competencia llena en catalán y castellano.
Finalmente, el tribunal ha desestimado la impugnación de artículos relacionados con la organización interna de los centros, como el uso del catalán en rotulación o procesos administrativos, al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación. Así, la decisión se centra en asegurar una enseñanza equilibrada y efectiva entre las dos lenguas oficiales.
Este decreto lo aprobó el Govern de Pere Aragonès en junio de 2022, y surgió para proteger el catalán en la escuela y dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impuso un 25% de castellano en las aulas de Catalunya. El decreto establecía que en las escuelas no se podrían aplicar porcentajes ni cuotas lingüísticas y que el catalán sería siempre la lengua vehicular. Según dijo el Govern entonces, la norma garantizaba que los proyectos lingüísticos de cada centro tuvieran en cuenta la diversidad del alumnado y aseguraran que, al acabar la educación, todos los niños y niñas dominaran tanto el catalán como el castellano, tanto oralmente como por escrito. Eso implicaba que unas cuarenta escuelas que entonces impartían un 25% de clases en castellano tuvieran que ajustar su modelo.