Después de una semana de descanso, la Audiencia Nacional celebra a partir de este lunes cuatro nuevas sesiones del juicio contra el president Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios para aclarar el origen de su fortuna escondida en Andorra. Casi se ha llegado al ecuador del juicio, y ante el tribunal comenzarán a desfilar testigos solicitados por las defensas, que sostienen que todo es un montaje policial para hundir la imagen del president Pujol y de políticos catalanes a través de la operación Catalunya. Esta semana los abogados defensores se arremangarán para hacer aflorar el juego sucio policial y judicial. Este es el caso de Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que en diciembre de 2012 denunció en la Audiencia Nacional los supuestos negocios irregulares del hijo mayor del president Pujol.

El testimonio de Álvarez es polémico porque después se supo que la llevó al juzgado Rafael Redondo, abogado y socio del comisario de la policía española José Manuel Villarejo. Villarejo es uno de los integrantes de la policía patriótica del PP —impulsada por el gobierno español de Mariano Rajoy—, como él ha admitido en el Congreso de los Diputados y en un juzgado de Andorra, que investiga la derivada de la operación Catalunya en el Principado. El descubrimiento de Álvarez surge de la comida que compartió con la entonces líder del PP, Alícia Sánchez Camacho, en el restaurante La Camarga, y que propició una investigación prospectiva en Andorra y una lista negra de políticos catalanes, realizada por la popular, como se la escucha en un audio con Villarejo.

Álvarez había sido citada este lunes por la defensa de Mercè Gironès, exmujer de Pujol Júnior, ejercida por el penalista Oriol Rusca, que al final el viernes renunció a su declaración. Ni el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, ni las otras defensas quieren saber nada de Álvarez, una mujer que no tiene pelos en la lengua y que ha denunciado que ha sido utilizada por todos.

La policía de la operación Catalunya

En la sesión del martes, desfilarán por el tribunal de la Audiencia Nacional los principales actores de la policía patriótica del PP. Los pidió la defensa de los Pujol, encabezada por Cristóbal Martell, que en los escritos de defensa sostiene que “un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) realizó acciones al margen de toda legalidad procesal y control judicial”, que permitieron la posterior investigación, primero al primogénito del president Pujol y después a toda la familia. Destaca la acción del comisario Villarejo, que ya tiene diversas condenas (y también absoluciones del caso Tándem por investigar a rivales políticos y empresariales), y deberá declarar como testigo este martes. También han sido citados: Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la policía española y único condenado por intentar incluir información obtenida ilegalmente de los Pujol en la investigación judicial, los inspectores policiales Bonifacio Díez y Celestino Barroso, y el entonces comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Todos ellos han sido imputados en Andorra por presionar a los titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de los Pujol y políticos catalanes de forma ilegal.

Los vertederos de Vocamorta y Tivissa con dos exconsellers

El tribunal, presidido por José Ricardo de Prada, también ha citado este martes a dos exconsellers de la Generalitat para aclarar si se aprobaron de forma irregular licencias ambientales. El primero es el actual conseller de Justicia, Ramon Espadaler (Unidos para avanzar), cuando era conseller de Medi Ambient (2001-2003), con el president Jordi Pujol (CiU). Espadaler ha pedido declarar en catalán, un derecho reconocido, después de una reforma impulsada por los grupos catalanes en el Congreso, y después de que el magistrado Manuel Marchena se lo prohibiera a testigos del juicio del 1-O. El segundo es el sucesor, Salvador Milà (ICV), conseller de Medi Ambient con el gobierno tripartito (PSC, ERC y ICV), liderado por Pasqual Maragall. En concreto, Espadaler y Milà tienen que ser interrogados por las licencias obtenidas en el vertedero de Vocamorta, a Crüilles, (Girona), y el de Tivissa.

En el caso del vertedero de Vocamorta, se indica que fue impulsado por Gustavo Buesa y Josep Mayola —que también son juzgados con los Pujol—, entre los años 1999 y 2003, con la participación de Jordi Pujol Ferrusola, en el último gobierno del president Pujol.  La Fiscalía expone que “este vertedero obtuvo todas las autorizaciones y licencias preceptivas cuando en el Govern estaba CIU”. Y añade que “se da la circunstancia de que la justicia, hasta en tres ocasiones, ha dictado sentencias por las cuales se ordena su paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos, siendo la última y aparentemente definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo,  del 14 de febrero de 2014". Precisa que “el lucro patrimonial total atribuible al hijo mayor de Pujol en esta operación ascendió a 5.287.129 euros“. Una década después, el Govern todavía planifica el vaciado de Vocamorta y se detalla que hay unas 3,5 millones de toneladas de residuos acumuladas.

En el caso del vertedero de Tivissa (Ribera d’Ebre), que continúa activo, la Fiscalía sostiene que Jordi Pujol Ferrusola adquirió el 33% de Gestió i Recuperació de Terrenys, en noviembre de 2002, “casualmente” un mes antes de que el Departament de Medi Ambient hubiera concedido a esta sociedad la autorización ambiental al proyecto de tratamiento de residuos en Tivissa. También obtuvo el permiso de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Tivissa. La sociedad era también participada por los investigados Buesa y Mayola. Y concluye que los tres “fracasaron” en instalar un nuevo vertedero en Alcarràs (Segrià).

La famosa UDEF al juicio

Finalmente, la Audiencia Nacional interrogará, el miércoles y el jueves, a seis agentes de la policía española, de la conocida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dos agentes de la Guardia Civil, que investigó el patrimonio de la familia Pujol por orden del juez instructor de la Audiencia Nacional. Se sospecha también que utilizaron pruebas aportadas ilegalmente por la policía patriótica del PP. El inspector Álvaro Ibáñez, con el número identificativo 89.140, es el instructor policial que firma todos los informes. Algunos de los informes que se difundieron a la prensa, con el nombre de la UDEF, después se descubrió que eran "apócrifos" y falsos.

"¿Quién cojones es la UDEF?", preguntó enfadado el president Jordi Pujol a la presentadora Susanna Griso en su programa en Antena 3 en 2012, ante las graves acusaciones de sus informes. Dos años después, el president Pujol confesó que la familia tenía una fortuna escondida en Andorra, y regularizada en 2014, al publicarse sus cuentas por El Mundo, cuyo subdirector no aclaró de dónde sacó estos datos reservados, en una sesión del juicio a los Pujol, en la Audiencia Nacional, en Madrid.