La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) alerta de que una sentencia condenatoria en el juicio al procés podría socavar la confianza en el Estado de derecho en España". En una entrevista con la ACN, la abogada y directora de la asociación en Europa, Roisin Pillay, asegura que si el Tribunal Supremo condena a los 12 líderes independentistas, se enviaría "un mensaje muy desafortunado" y se podría crear la percepción que ha sido un procés político. La CIJ considera las acusaciones de rebelión y sedición como "una extralimitación" del código penal "particularmente" por "la falta de evidencia del uso de la violencia". Por eso, ve "preocupante" que se lleve al campo del derecho penal un caso "que fue un ejercicio legítimo de opinión y asociación política".

"Es una cuestión de expresión política legítima y eso se resuelve mejor fuera de los tribunales penales", defensa.

En concreto, Pillay argumenta que "las acusaciones graves" de rebelión y sedición se están aplicando en un caso en qué "aparentemente no habido violencia" y que eso "presenta un alto riesgo de vulneración de derechos de libre expresión y reunión garantizados en el derecho internacional".

Según ella, hay que mostrar que es "absolutamente necesario" y "proporcional" interferir en estos derechos con acusaciones de delitos penales.

Dimensión política

Pillay se niega a describir el procés judicial del 1-O como un juicio político y cree que "se tiene que dar una oportunidad a los tribunales para aplicar la ley". "Tenemos que esperar al resultado del juicio", avisa antes de valorar sobre este aspecto. Sin embargo, considera que es un procedimiento "sensible políticamente" y que es "vital" demostrar que "es un juicio justo y tiene plena consideración de las obligaciones legales internacionales de España, incluidos los derechos humanos".

Sobre el perfil político de los testimonios, Pillay afirma que el juicio "es esencialmente sobre una acción política" y ve "desafortunado" que, en consecuencia, "involucre a una buena parte de testimonios políticos". Sin embargo, espera que "la implicación política pueda ser reducida al mínimo". "Esperamos que el tribunal decida únicamente en términos de la ley", afirma.

Aceleración del juicio

Con respecto a la adecuación del calendario judicial en el electoral, Pillay avisa de que se tendrá que examinar si "el hecho de acelerar el juicio ha tenido un impacto en la capacidad de los acusados para defender su caso", especialmente "si el motivo no tiene que ver con el caso sino con las elecciones".

Por ejemplo, indica que sería problemático si los líderes independentistas han tenido dificultades para "hablar con sus abogados o preparar su defensa" por la aceleración del procedimiento judicial.

Caso excepcional

"No conozco ningún caso que sea directamente comparable a este", reconoce la directora para Europa de la CIJ. Ahora bien, Pillay vincula el juicio del 1-O a "una tendencia general" a "hacer uso del código penal en relación con voces políticas que no son bien recibidas por los gobiernos". Así, pone como ejemplo el uso de la ley antiterrorista en Turquía "contra partidos políticos".

"Es preocupante ver en Europa y en el resto del mundo como el derecho penal se utiliza sobre una acción política", observación.

El camino a Estrasburgo

Con respecto al posible camino que pueda recurre el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Pillay adelanta que, si se aceptara a trámite, sería sometido a "un escrutinio muy serio" al estar vinculado con el derecho a la libertad de expresión política e implicar "medidas contra partidos políticos y manifestantes políticos". Según ella, que dentro de la CIJ lidera el trabajo con el Consejo de Europa y el TEDH, estos derechos son "fundamentales para cualquier democracia, incluso cuando un discurso o protesta no es bien recibida".

"El TEDH sometería cualquier condena a un escrutinio muy riguroso y creo que sería un caso bastante problemático", apunta. En este sentido, explica que los estados "tienen un margen de acción muy estrecho y están sujetos a un gran escrutinio sobre las medidas penales que pueden adoptar contra políticos".

Así, Pillay prevé que, si hay una sentencia condenatoria, el alto tribunal con sede en Estrasburgo estudie cuestiones vinculadas al derecho de expresión y a la libre asociación y asamblea.

En este análisis, Pillay asegura que el tribunal "mirará primero la calidad de las leyes" españolas y "si los delitos de rebelión y sedición se han definido y aplicado correctamente" en cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos. En segundo lugar, el tribunal analizaría si "la restricción sobre estos derechos realmente era necesaria y proporcional" en el caso del 1-O.

La CIJ

La Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, fue creada en 1952 y es activa en los cinco continentes. Su misión, según define la propia organización, es "velar por la aplicación del derecho internacional, especialmente los derechos humanos". También tiene como objetivos "garantizar los derechos civiles, salvaguardar la separación de poderes y garantizar la independencia de la judicatura y la profesión jurídica".

Integran la CIJ una sesentena de jueces y abogados de todo el mundo. La tarea de la organización le ha merecido varios premios, entre los cuales el galardón de las Naciones Unidas por los derechos humanos, que recibió en 1993.