El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido llevar ante la justicia varios cargos políticos y periodistas para considerar que han cometido un delito contra su honor con las críticas dirigidas contra él. Según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado EFE, el magistrado ha interpuesto varias demandas civiles para resolver lo que interpreta como ataques personales y no simples opiniones. Entre los nombres señalados figura el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se ha convertido en una de las voces más críticas con la instrucción de Peinado. Sin embargo, Puente no sería el único alto cargo incluido en la lista de demandados, que también estaría integrada por otras figuras políticas y profesionales de los medios de comunicación que en los últimos meses han cuestionado de manera abierta el papel y las decisiones del juez.

Como primer paso en este proceso, ya se han fijado varios actos de conciliación en los juzgados de primera instancia de Madrid, en los cuales están citados los demandados. Este trámite busca explorar un posible acuerdo entre las partes antes de llegar a un juicio, aunque su asistencia no es obligatoria. Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez Peinado y los demandados, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado está al frente, desde abril de 2024, de la investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, con corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Su instrucción ha sido recortada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid y ha recibido duras críticas tanto de la Fiscalía como de las defensas. Fuera de los tribunales, el impacto mediático del caso ha sido enorme, y las actuaciones del magistrado han sido objeto de cuestionamiento por parte de cargos políticos y periodistas.

Peinado sostiene que determinadas opiniones y comentarios sobre su manera de conducir la causa han traspasado la frontera de la crítica legítima y han perjudicado directamente su reputación e imagen profesional. Según argumenta, estas valoraciones, difundidas a través de declaraciones públicas, entrevistas y artículos de prensa, han tenido un impacto negativo en su figura como juez instructor. Ante esta situación, el magistrado ha optado por recurrir a la vía judicial para defenderse y, según fuentes jurídicas en declaraciones a EFE, pretende que estas acciones sirvan también de advertencia para que se respete su derecho al honor en el marco del debate público.