El juez de Tarragona que ha imputado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por presuntamente legislar desde el Ministerio en favor de empresas gasísticas y de otros sectores clientas de su bufete apunta a minutas con costes desorbitados, que "multiplican por diez" el coste de los informes realizados para aclarar consultas legales —que, además, Equipo Económico derivaba a otra consultora, Ernst & Young—. De acuerdo con otra pieza del sumario del caso, que avanzan este domingo El Periódico, ABC y El Mundo, media docena de empresas del sector del gas pagaron al despacho hasta cerca de 780.000 euros entre 2011 y 2019 por informes técnicos. Así, el juez ve indicios de que estos pagos podrían ser sobornos para tener contacto directo con Montoro y obtener beneficios del ministro.
El magistrado que instruye el caso desde hace siete años señala que las minutas "pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes", lo que tilda de una diferencia "abrumadora". Las empresas bajo sospecha que habrían contratado los servicios de Equipo Económico —luego Global Afteli— son Abello, Carburos Metálicos, Air Liquide, Messer Ibérica i Praxair, todas del sector gasista. Tras los pagos, dichas empresas luego se habrían beneficiado de beneficios fiscales, rebajas de impuestos concretos impulsadas durante los años en los que Montoro era el titular de la cartera de Hacienda.
Unos correos intervenidos en Messer Ibérica por los Mossos d'Esquadra y entregados al juez estrechan el cerco sobre el exministro Montoro y han contribuido a su imputación por diversos delitos —cohecho, prevaricación, fraude contra la Administración Pública, corrupción y falsedad documental—. El director técnico de la plata química de dicha empresa envió a la dirección general de la compañía en 2013 el siguiente mensaje: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
De acuerdo con el sumario, las empresas gasistas habrían pagado a Equipo Económico unos 270.000 euros sin IVA en 2013 con el objetivo de conseguir una modificación del impuesto eléctrico que les favoreciese. Más tarde, unos 60.000 euros y 360.000 más en concepto de pago por resultado a cambio de conseguir una reducción del impuesto de Actividades Económicas. También se han advertido pagos en 2017, 2018 y 2019, elevando el total percibido a los casi 780.000 euros. Según la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, el Equipo Económico de Montoro podría haber cobrado hasta 11 millones de euros por trabajos durante los años que estuvo operando, según revela ABC.
Modificaciones legales en contra de los criterios técnicos
Además, de acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que recoge El Mundo también este domingo, Montoro llegó a introducir al dictado en los presupuestos generales del Estado de 2018 un cambio fiscal favorable a las empresas gasísticas. "Se debe subrayar que la propuesta de redacción para modificar los epígrafes 251.3 y 253.1 que desde la Afgim [la asociación de las empresas gasistas] se hizo llegar al Ministerio de Hacienda, observada en los correos electrónicos, coincide literalmente con el texto que finalmente se plasmó en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018. De este modo, las gasísticas vieron cumplidas sus expectativas", señala el informe
Todo, en muchos casos, en contra del criterio de los técnicos de Hacienda. En 2014, la administración pública emite un informe en el que avisa que bajar los impuestos a la electricidad y a las actividades económicas supondrían un enorme impacto recaudatorio para las comunidades autónomas, de entre 4 y 5 millones de euros al año, y lo desaconsejan, tal y como revela este domingo El País. Sin embargo, Montoro sigue adelante con las modificaciones en favor del lobby gasista.