Choque de trenes. Después de que el Consejo General del Poder Judicial advirtiera, por unanimidad, que el ejercicio del derecho a huelga de jueces no tiene actualmente ningún “soporte normativo” y, por lo tanto, evitara fijar unos servicios mínimos para la huelga convocada por jueces y fiscales para el 1, 2 y 3 de julio, las cinco asociaciones que la han impulsado siguen adelante. Es una protesta que se enmarca en el rechazo a la reforma de la carrera judicial y fiscal impulsada por el ministro Félix Bolaños y que llega después del paro de diez minutos que convocaron hace una semana. Y ahora dan un paso más. A pesar de que el CGPJ no dio validez a la convocatoria, el Comité de Huelga ha fijado este viernes los criterios para “garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga”. Por ejemplo, se continuarán haciendo las actuaciones con presos o detenidos y se tomarán medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad o decisiones sobre desahucios por vulnerabilidad o en los procedimientos de donación de órganos de donantes vivos.

“La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales”, sostienen las cinco asociaciones en un comunicado. Asimismo, subrayan que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución y que, por lo tanto, no se puede hacer una “interpretación restrictiva”, los jueces y magistrados “no están excluidos” de su reconocimiento y la “ausencia de normativa específica” que lo desarrolle “no supone su exclusión”. Además, recuerdan una sentencia del Constitucional de 1981 que concluía que el derecho a huelga es un derecho de titularidad individual que “cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa”.

Dado que ni el CGPJ ni la Fiscalía General del Estado han fijado los servicios mínimos, el Comité de Huelga ha establecido los servicios mínimos para dar cumplimiento a lo que prevé la legislación cuando el empleador decide no fijarlos. Además, arguyen que respetan el acuerdo que adoptó ayer el CGPJ, que advertía que el paro “en ningún caso debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales”.

En la misma línea se ha expresado esta mañana la Fiscalía General del Estado, que señala que “carece de competencias para fijar servicios mínimos”. Álvaro García Ortiz ha remitido un escrito a todos los fiscales jefes recordándoles que se tendrá que garantizar la práctica de “todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos” y en los “señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó”.

Los servicios mínimos para la huelga de jueces y fiscales

¿Y cuáles son, concretamente, los servicios mínimos que se han estipulado para la huelga de jueces y fiscales que tendrá lugar el martes 1, el miércoles 2 y el jueves 3? De entrada, en el servicio de guardia, se continuarán haciendo las actuaciones con detenido o que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes: el levantamiento de cadáver, las entradas y registros o la conservación de datos de operadores telefónicos. En cambio, no se considerarán servicios mínimos de guardia los juicios inmediatos de delitos leves, ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

En segundo lugar, en el orden de familia, se continuarán tomando medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad y las decisiones sobre internamientos involuntarios, sustracción e internamientos de menores, así como la ejecución de medidas de protección de menores. En el orden de violencia de género, se mantendrá la regularización de situación personal de detenidos, actuaciones en causas con preso, medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad y actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspender con antelación.

Finalmente, hay cinco consideraciones más: 

  • En el orden penal, las actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial y medidas cautelares personales.
  • En el orden contencioso-administrativo, orden social y mercantil, únicamente lo que tenga que ver con las medidas cautelarísimas.
  • En el orden de menores, la adopción de medidas cautelares.
  • En el orden civil, las medidas provisionales causantes de perjuicio irreparable, decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad y los procedimientos de donación de órganos de donantes vivos.
  • En el orden de vigilancia penitenciaria, las resoluciones relativas a las penas privativas de libertad y la resolución de las peticiones o quejas de los internos cuando afecten a derechos fundamentales.

Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de la Magistratura (la conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente por el sector de los jueces y la Asociación de Fiscales (la conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e independiente de Fiscales por la rama de los fiscales. Además, han convocado una concentración mañana sábado delante de la sede del Tribunal Supremo.