La jefa de Protección Civil de la delegación del Gobierno en el País Valencià, Patricia García, ha afirmado este lunes ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA que sugirió el envío de un ES-Alert a las 18:29 horas, una hora y media antes de que finalmente se enviara. García, que ha declarado como testigo, ha explicado que estuvo conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el pasado 29 de octubre de 2024, el día de la tragedia en que murieron 230 personas en València.

Según han indicado fuentes conocedoras de la declaración en los juzgados a EFE, la responsable de Protección Civil del Gobierno ha explicado que llamó a las 18:29 horas al subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ya que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esta herramienta de aviso masivo a la población, pero Suárez no le cogió la llamada. Entonces, llamó a la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles, a la que recordó que existía la opción de mandar un ES-Alert. 

Patricia García ha explicado también que la reunión del Cecopi se paró sobre las 18:10 horas, unos instantes en los que la calle donde ella reside, en el municipio de L'Alcudia, empezaba a inundarse. Según su relato, la reunión se retomó a las 19:10 horas, momento en el que volvió a llamar al subdirector de Emergencias. Aunque le canceló la llamada, este explicó en la reunión que había preparado un mensaje a la población y se leyó uno destinado a los pueblos ubicados aguas debajo de la presa Forata.

Sobre el contenido del ES-Alert —que finalmente se mandó a las 20:11 horas a los móviles de la provincia de València, cuando ya había numerosos muertos y pueblos anegados, para pedir que se evitaran desplazamientos—, García ha declarado que siempre pensó que el mensaje que debían mandar primero era el de subir a plantas altas. También ha indicado que del barranco del Poyo —cuyo desbordamiento causó la mayoría de las muertes— se habló sobre las 20:10 horas, y que sobre las 20:30 horas se activó para toda la provincia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya había sido solicitada a las 15:30 horas para el municipio de Utiel.

La jueza de Catarroja pide la imputación de Mazón, si bien el TSJCV lo rechaza

Algunas de las últimas declaraciones en la causa penal fueron el pasado febrero, cuando acudió como testigo uno de los escoltas que estuvo al servicio del entonces president Carlos Mazón el día de la DANA. Este afirmó que Mazón llegó de comer en El Ventorro al Palau de la Generalitat Valenciana sobre las 19:50 horas y que hacia las 20:00 horas salieron hacia el centro de emergencias. La comida fue con la periodista Maribel Vilaplana, si bien el escolta no lo afirmó porque el entonces president prescindió de sus servicios antes de llegar al restaurante. 

A finales de febrero, la jueza titular del juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, envió la petición al Tribunal Superior de Justicia del País Valencià para pedir que se impute a Mazón, que está aforado al ser todavía diputado en las Corts. Tras meses de investigación, la jueza cree que la "exclusión voluntaria" del entonces president de la Generalitat en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo" de esta, una "omisión equiparable a la acción" en las 230 muertes. Sin embargo, el TSJCV rechazó investigar a Mazón al no ver "fundamento sólido y objetivo" de que este cometiera algún delito, puesto que no tenía legalmente el deber específico de gestionar la Emergencia. Así, la jueza lo ha citado como testigo. La principal imputada es la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas; junto con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.