Cuatro previas. ¿Hace bien la consellera de Educació, Esther Niubó, en convocar la mesa sectorial con los sindicatos educativos para tratar de desbloquear las 17 jornadas de huelga convocadas para las próximas semanas? Sin duda, sí. ¿Hace mal el sindicato USTEC, el mayoritario en el sector, en poner por delante que la convocatoria llega tarde y sin propuestas concretas en vez de mostrar una disposición total a asistir? Sí, hace mal. ¿Erra el Departament en retrasar hasta el jueves una reunión pedida la semana pasada para el lunes a más tardar? Una disposición sincera al diálogo obligaba a apremiar la convocatoria de la mesa sectorial. Y, finalmente, ¿es exigible al Govern y, más concretamente al departament d'Interior, una explicación bastante más completa a la que se ha facilitado de la infiltración de Mossos d'Esquadra en las asambleas de la USTEC? Ya hace días que el Govern habría tenido que explicar por qué la policía autonómica hizo justo lo contrario de proteger derechos fundamentales como el de reunión o el de huelga.

Era importante fijar este cuadro general de la situación porque la realidad es suficientemente poliédrica para que no se pueda ver desde un único ángulo. Entre otras cosas, porque las jornadas de huelga convocadas por la USTEC, siendo el detonante de la situación al final de curso en los centros educativos, han quedado superadas por la infiltración policial en la asamblea de los docentes. Este hecho, de una enorme gravedad, ha demostrado que sobre un error anterior, como era no negociar, aún se podía cometer otro de más grave, como colocar al cuerpo de Mossos d'Esquadra en una situación límite.

Ya hace días que el Govern habría tenido que explicar por qué la policía autonómica hizo justo lo contrario de proteger derechos fundamentales como el de reunión o el de huelga

Yo no sé cuántas veces se ha adoptado una decisión policial operativa de esta naturaleza, pero quien lo decidió ha cometido un error grave. La manera en que han reaccionado los aliados del Govern, exigiendo dimisiones, empezando por la del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha colocado a la consellera Núria Parlon y al president Salvador Illa en una difícil tesitura. El hecho de que la presión venga además de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana y de los Comuns reduce enormemente el margen de maniobra del Govern. Sobre todo porque en los próximos días Oriol Junqueras tendrá que hacer oficial su sí a los presupuestos generales de la Generalitat, de acuerdo con el compromiso que asumió con Salvador Illa cuando los retiró para volverlos a presentar pasadas las elecciones andaluzas.

Ese momento está a punto de llegar, ya que el domingo 15 tendrán lugar las elecciones en Andalucía. Y por el camino parece que aquella exigencia de la cesión del 100 % del IRPF para aprobar las cuentas públicas también ha desaparecido. A cambio de aquel compromiso de Pedro Sánchez que no llegó, parece que habrá otro del Govern relacionado con las infraestructuras y la Línea Orbital Ferroviaria que conectaría varias comarcas de los alrededores de Barcelona sin pasar por la capital. Junqueras ha llegado a decir que si Trapero no dimite, le tocará al president Salvador Illa cesarlo.