La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia ha rechazado la petición del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de personarse en la causa judicial. La decisión llega en un momento clave del procedimiento, marcado por las diligencias para aclarar responsabilidades en una catástrofe que causó 230 víctimas mortales.
La magistrada considera que Mazón no puede formar parte del proceso en calidad de parte porque ha sido citado como testigo y, además, no hay indicios que apunten a una posible responsabilidad penal por su parte. Esta doble condición —testigo y ausencia de indicios— impide, según el auto, que pueda intervenir en la causa con capacidad de defensa propia.
La petición del expresidente se había formalizado pocos días después de que el juzgado acordara su citación como testigo. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya había descartado imputarlo en la investigación porque no apreciaba indicios de delito en su actuación durante la gestión del episodio meteorológico extremo.
¿Por qué quería Mazón personarse en la causa?
Mazón había justificado su voluntad de personarse alegando la necesidad de proteger sus intereses y conocer de primera mano la evolución de la investigación. En concreto, argumentaba que quería saber si continuaba siendo objeto de alguna línea de indagación a pesar de la decisión del tribunal superior. “Creo que tengo derecho a saberlo”, había afirmado ante los medios de comunicación.
Sin embargo, la jueza instructora discrepa de este planteamiento. Considera que la condición de testigo no da derecho a acceder al conjunto de las actuaciones ni a intervenir en el procedimiento como si se tratara de una parte afectada. En este sentido, la resolución subraya que el proceso continúa centrado en el análisis de los hechos y en la determinación de posibles responsabilidades, pero sin que, de momento, se haya identificado ningún indicio contra el expresidente.
La investigación judicial sobre la DANA continúa avanzando con la recopilación de pruebas y testimonios para aclarar cómo se gestionó una emergencia que tuvo consecuencias devastadoras. El episodio, considerado uno de los más graves de los últimos años en la Comunitat Valenciana, provocó graves inundaciones e importantes daños materiales, además de un elevado número de víctimas.
En este contexto, la decisión de la jueza marca los límites de participación de los actores políticos en el procedimiento judicial. También refuerza la idea de que, al menos en esta fase, el foco se mantiene en el esclarecimiento de los hechos más que en la depuración de responsabilidades penales concretas.
El caso continúa abierto y bajo una fuerte atención pública, tanto por la magnitud de la tragedia como por las posibles implicaciones políticas. Mientras tanto, la negativa a la personación de Mazón deja claro que, por ahora, su papel en la causa se limita al de testigo.