La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la DANA de València ha reclamado a la televisión pública À Punt, a Emergències de la Generalitat y a la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre que aporten a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, que registraran. Un requerimiento de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra a través de dos autos que ha hecho públicos este viernes el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Varias acusaciones instaron a la jueza instructora a requerir de forma oficial las referidas imágenes del centro de coordinación de emergencias el día que perdieron la vida 229 personas.

En dichas gravaciones aparece la exconsellera de Justicia e Interior imputada, Salomé Pradas, dando instrucciones sobre el envío de la Es-Alert a los móviles de la población —polémico envío tardío, que llegó pasadas las 20:00 h, cuando ya había pueblos anegados y muertos—. En sede judicial, la exconsellera sostuvo el pasado abril cuando declaró como investigada que no tuvo nada que ver con dicha notificación y descargó la responsabilidad sobre los técnicos de Emergencias.

La jueza recuerda en sus autos que ya solicitó documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y que desde Emergencias de la Generalitat, el pasado mes de marzo, se respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", motivo por el cual "no constaba soporte documental alguno". La semana pasada, À Punt también se negó a aportar las grabaciones de manera voluntaria, alegando secreto profesional. Sin embargo, ahora la magistrada se hace eco de las recientes declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que "alude a la voluntad de facilitar" las referidas grabaciones.

En uno de sus autos, la jueza analiza el motivo por el cual À Punt no difundió el audio de la grabación del interior de la reunión del Cecopi, justificándose en el secreto profesional, y rechaza el argumento. "Ha de ponderarse en primer lugar, en el acceso a las grabaciones, el carácter de medio público de À Punt, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento", recoge para citar la ley de la Corporación Audiovisual del País Valencià y añadir que "la grabación emitida por RTVE permite dar una información veraz de lo sucedido".

"La grabación pública contradecía declaraciones prestadas en sede judicial"

Además, cita jurisprudencia para insistir en que existe una "relevancia comunitaria" de esos datos, de modo que "en el conflicto entre la información y un caso de tal gravedad (...) debió primar la íntegra aportación de las grabaciones, con imagen y sonido, estando plenamente legitimada la entidad pública para la difusión desde el punto de vista del medio informativo". "La grabación pública contradecía declaraciones prestadas en sede judicial", insiste la jueza. De todas formas, señala la instructora, el vídeo que emitió RTVE (con el audio del Cecopi) ya ha sido incluido en la causa "sin que se haya producido la violación de ningún tipo de derecho fundamental de los periodistas, que habrían cumplido con la obligación de difundir una información que afecta a la población y que se desconocía pese al tiempo transcurrido desde la DANA". 

En su auto, detalla que "ha de ponderarse, como hacía el auto de 12 de septiembre de 2025, la relevancia de la aportación a la causa, no solo de las imágenes, sino también del sonido, dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados". "Se ha de partir de igual modo de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados, y que dichas grabaciones constarían presuntamente en poder de un ente público, con la consiguiente obligación del mismo de colaboración en la investigación de un procedimiento penal".

Según afirma, en las imágenes que grabó À Punt y que emitió RTVE la semana pasada se muestra "que se daban instrucciones en presencia de periodistas, por lo que ninguna confidencialidad se otorgó al proceso de decisión por parte de los integrantes, habiendo asistido incluso al Cecopi, o estando conectadas telemáticamente, personas que afirman y que han afirmado no ser miembros del mismo, como el presidente de la Diputación de Valencia y la vicepresidenta primera del Consell", Vicent Mompó y Susana Camarero, respectivamente.