El independentismo afronta este 11 de septiembre con el reto de dejar atrás los años de luto, frustración y desmovilización que han seguido al referéndum del 1 de octubre y la posterior represión. Nueve años después de 2017, las entidades soberanistas quieren que esta Diada sea un punto de inflexión y sirva para recuperar músculo en la calle, en un momento en que el independentismo ya no tiene mayoría parlamentaria, continúa dividido políticamente y busca una nueva manera de conectar con una sociedad marcada por problemas cotidianos como la vivienda, Rodalies, los servicios públicos o la lengua.
La movilización llega, sin embargo, con el movimiento independentista ante una fotografía electoral especialmente complicada. El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió sitúa Aliança Catalana en plena ascensión y por delante de Junts en unas hipotéticas elecciones catalanas. El partido de Sílvia Orriols obtendría entre 23 y 25 diputados, prácticamente al mismo nivel que ERC, que sacaría entre 24 y 26. Junts, en cambio, caería hasta los 16-18 escaños, muy por debajo de los 35 que tiene actualmente. El PSC continuaría ganando las elecciones, pero también retrocedería, con una horquilla de 36-38 diputados. El resultado dibuja una transformación profunda del espacio independentista. El soberanismo tradicional ya no solo tiene el problema de la pérdida de la mayoría parlamentaria y de la desmovilización de la calle: también afronta el ascenso de una fuerza como Aliança Catalana, que capitaliza parte del descontento con el sistema político y, especialmente, del voto que antes se repartía entre Junts y Vox.
Una Diada para salir del luto
El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila Boix, ha situado esta Diada en la necesidad de "salir del luto" que arrastra el movimiento desde 2017. Vila, que asumió la presidencia de la entidad el pasado mes de abril en sustitución de Lluís Llach, considera que el independentismo civil está empezando a recuperar "pulsión social" y que el 11S debe permitir comprobar si este cambio de tendencia es real. La voluntad de las entidades es convertir el malestar social en una palanca política. La crisis de la vivienda, las deficiencias de Rodalies, los problemas de los servicios públicos, la situación de la lengua catalana o la falta de inversión por parte del Estado español son presentados como síntomas de un problema más profundo: la falta de capacidad de Catalunya para tomar decisiones sobre sus propios recursos y prioridades.
Por ello, la movilización de Barcelona se ha dividido este año en dos columnas, una dedicada al "presente" y otra al "futuro". El presente representa una Catalunya marcada por los "malestares" y por los problemas que afectan al día a día. El futuro simboliza el país que, según las entidades, podría gestionar directamente sus recursos y tomar sus decisiones. El puente entre ambas realidades es la independencia. Esta apuesta también responde a la necesidad de encontrar un nuevo lenguaje después de unos años en que el movimiento ha tenido dificultades para mantener la movilización social. La Diada de 2025 registró la participación más baja desde el inicio de las grandes manifestaciones independentistas. La Guardia Urbana cifró en 28.000 las personas que participaron en la movilización de Barcelona, mientras que los organizadores situaron la cifra por encima de los 100.000 en el conjunto de las convocatorias.
Sin mayoría parlamentaria
El contexto político tampoco es el mismo que el de las primeras grandes diadas del procés. En 2021, ERC, Junts y la CUP sumaban 74 diputados en el Parlament y superaban el 51% de los votos. Tres años después, las mismas fuerzas, con Aliança Catalana incorporada al cómputo independentista, se quedaron en 61 escaños en las elecciones de 2024. La llegada de Salvador Illa a la Generalitat ha consolidado un nuevo escenario. El PSC gobierna con el apoyo parlamentario de ERC y los Comuns, mientras Junts ejerce de principal fuerza de la oposición. El gobierno reivindica la "normalidad institucional" y la gestión como ejes de su acción, mientras que los juntaires acusan a Illa de confundir "normalidad institucional con renuncia" y "estabilidad con inmovilismo".
Junts ha convertido esta Diada en una impugnación directa del proyecto de Illa. En su manifiesto, el partido defiende que Catalunya sufre una situación de dependencia que se manifiesta en el déficit fiscal, las infraestructuras, los servicios públicos, la lengua o la falta de competencias en inmigración. La formación de Carles Puigdemont reclama "reconstruir la nación, recuperar el buen gobierno y preparar la independencia". Los juntaires también mantienen rotas las relaciones con el PSOE en Madrid desde hace casi un año, mientras que en Catalunya rechazan cualquier entendimiento con el PSC. Su estrategia pasa por situarse como la alternativa independentista al gobierno de Illa y, a la vez, presionar a Pedro Sánchez para que cumpla los compromisos adquiridos con Junts.
ERC, entre Illa y Sánchez
ERC llega a la Diada en una posición mucho más compleja. Los republicanos son el socio parlamentario prioritario de Pedro Sánchez en Madrid y también han sido decisivos para que el Govern de Illa pudiera aprobar los presupuestos de la Generalitat. Al mismo tiempo, en Catalunya intentan mantener un perfil de oposición y han incrementado la presión sobre el Govern en asuntos como Interior o la gestión de los Mossos. La situación hace que republicanos y juntaires lleguen al 11-S con estrategias muy diferentes. Junts utiliza la Diada para denunciar la "renuncia" del Govern de Illa y reivindicar la preparación de un nuevo embate independentista. ERC, en cambio, debe combinar su oposición al Govern catalán con el papel que ejerce como socio necesario de Sánchez.
Una de las imágenes políticas de la jornada será el regreso de Oriol Junqueras a la manifestación de la Diada después de años sin participar. El presidente de ERC ha decidido volver a la calle en un momento en que los republicanos intentan recuperar perfil dentro del movimiento independentista y, a la vez, mantener su apuesta por la vía de la negociación con el Estado.
La amnistía, en el retrovisor
Pero si hay un factor que puede alterar el escenario independentista en los próximos meses es la aplicación definitiva de la ley de amnistía. La reciente jurisprudencia europea ha reforzado su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea y ha incrementado la presión sobre los tribunales españoles. El Tribunal Constitucional comenzará a deliberar a partir del 22 de septiembre sobre el recurso de Jordi Turull contra la ley. Una doctrina constitucional clara podría tener consecuencias sobre el resto de causas vinculadas al procés y abrir la puerta a la aplicación de la amnistía a los principales dirigentes independentistas.
En este escenario, el regreso de Puigdemont se convierte en una posibilidad que planea sobre toda la Diada, hasta el punto de que el magistrado Pablo Llarena ya ha asegurado que podría aplicarle después de la resolución del Constitucional con Jordi Turull. El líder de Junts continúa en el exilio y ha condicionado buena parte de la estrategia del partido a la aplicación de la amnistía, aunque voces del partido ya sitúan su regreso este octubre. Si finalmente desaparecieran las órdenes de detención, su regreso podría alterar profundamente el escenario político catalán y, especialmente, el futuro de Junts y del independentismo. La incertidumbre, sin embargo, continúa siendo elevada. Desde el independentismo se recuerda que durante los últimos años ha habido varios anuncios y compromisos del Estado que no han acabado materializándose. Por eso, la ANC mantiene la cautela e insiste en que el regreso no se puede dar por hecho hasta que la amnistía sea efectivamente aplicada.
Una prueba de fuego
La Diada de 2026 llega, así, con más preguntas que certezas. El independentismo ha perdido la mayoría parlamentaria, los partidos mantienen estrategias divergentes y la capacidad de movilización de los últimos años ha disminuido. Pero las entidades consideran que el movimiento está empezando a salir de la parálisis posterior a 2017. El reto es demostrarlo en la calle. Y también conseguir que el malestar con la situación actual de Catalunya no se quede en una suma de reivindicaciones sectoriales, sino que vuelva a conectar con un proyecto político de país.
La posible aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont pueden actuar como elementos de sacudida política en los próximos meses. La irrupción de Orriols, en cambio, obliga al independentismo tradicional a definir sus límites y su modelo de sociedad. Nueve años después del 1-O, la batalla ya no es solo para recuperar la calle. También es para decidir qué independentismo sale de la reconstrucción.