El Tribunal Constitucional (TC) se va de vacaciones sin escuchar el reclamo de los líderes de Junts y de ERC para que resuelva sus recursos de amparo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la ley de amnistía que el Tribunal Supremo no les quiere aplicar desde su entrada en vigor, ahora hace dos años. El presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha informado este martes al pleno del tribunal que, de acuerdo con el ponente José María Macías, el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts y exconseller, Jordi Turull, se deliberará en el Pleno del día 22 de septiembre, según ha informado el organismo. El de Turull es el primero de los recursos de amparo pendientes referidos a la aplicación efectiva de la ley de amnistía, presentados por el president en el exilio, Carles Puigdemont, y exconsellers de su Govern. En los plenos sucesivos se señalarán los siguientes recursos de amparo, se precisa.
Inicialmente, el TC ya anunció que hasta el otoño no analizaría los recursos de los independentistas, pero ante la contundente respuesta del Tribunal de Luxemburgo, el president Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han exigido una aplicación de la amnistía sin demora en todas las causas pendientes. La decisión del TC implica que las órdenes de detención de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig continúen en vigor.
Jugar con el tiempo político
El abogado de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista a ElNacional.cat que el TC tendría que convocar un pleno extraordinario para resolver los recursos ante una resolución tan cristalina del TJUE. Añade que, si no lo hace, su presidente juega con el tiempo para que el retorno de Puigdemont coincida con el Gobierno de Pedro Sánchez, si le es favorecedor, o con un posible gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Pendientes de la inhabilitación
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull, por la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía, ahora hace un año, en abril de 2025. El TC, pero, no apreció "la urgencia excepcional" para suspender de forma cautelar la resolución del Supremo, tal como le pedía el político catalán para levantar su inhabilitación hasta el 2030 por la condena de malversación del 1-O.
Los presos políticos de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, inhabilidados hasta el 2031, también pidieron el amparo al TC para que les aplique la norma del olvido penal. El Supremo se niega porque sostiene que se enriquecieron personalmente con la malversación del 1-O porque hicieron el referéndum "sin gastar dinero de su bolsillo". El mismo argumento que el juez Pablo Llarena mantiene contra el president Puigdemont y los exconsellers Comín y Puig para que no puedan volver a Catalunya sin ser detenidos.
El abogado de Turull, el penalista Jordi Pina, recusó al ponente de su caso, al asegurar que Macías, antes de ser nombrado magistrado del TC, hizo unas "incontables manifestaciones públicas" "expresando abierta hostilidad" hacia la amnistía "sin tapujos". Fue rechazado.