La mayoría de asociaciones de fiscales y jueces continúan en pie de guerra contra Félix Bolaños. Ahora protestan por la decisión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de detraer el sueldo por haber secundado la huelga que se convocó del 1 al 3 de julio solo a 29 personas (un juez, que informó directamente las gerencias territoriales del ministerio, y 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado). En un duro comunicado, acusan al Ministerio de Justicia de hacer un “burdo ejercicio de propaganda y manipulación” y le reclaman que “rectifique de inmediato”, que “cumpla con sus obligaciones legales” y que “respete sin ambigüedades los derechos que la Constitución reconoce”. Esto significa restar el sueldo a los jueces y fiscales que se sumaron a la protesta. Según las asociaciones convocantes, fueron un 70% de media. Y según los datos que difundió el ministro hace cuatro semanas, un 30%. Ahora hablan de un 0,01% de jueces y un 0,87% de fiscales. “La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende”, lamentan las asociaciones.

📝 Solo un juez y 28 fiscales (entre más de 9.000) perderán el sueldo por secundar la huelga de inicios de julio

 

“La ciudadanía debe saber que nuestra protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes la ejercemos”, alegan las asociaciones. “Pretender lo contrario es desinformar, banalizar un derecho fundamental y despreciar el esfuerzo de quienes, desde dentro del sistema, exigimos una justicia más digna y eficaz para todos”, subrayan. Y reivindican que el derecho a huelga “no puede ser ignorado ni desnaturalizado por decisiones políticas o administrativas”. La huelga protestaba contra las leyes impulsadas por Félix Bolaños para reformar las carreras judiciales y fiscales y modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta mañana, el Ministerio de Justicia ha informado que solo se descontaría el sueldo a las 29 personas que habían “comunicado oficialmente” su participación en la huelga, recordando que el derecho a huelga “implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora” y recalcando que uno de ellos es “comunicar que se secunda al organismo pagador”. Las asociaciones coinciden sin matices en el primer diagnóstico (la pérdida de salario), pero no comparten la segunda premisa. “Los trabajadores en huelga no pueden detraerse ellos mismos el salario y, desde luego, no es obligación de los huelguistas pedir que se les haga dicha detracción”, replican. 

Las asociaciones que convocaron la huelga son la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Solo se desmarcaron de ella las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales y la catalana Àgora Judicial.

“Eludir deliberadamente una obligación legal tan clara podría tener consecuencias jurídicas”

En el comunicado, las cinco asociaciones lamentan que el Ministerio de Justicia no haya detraído la parte del salario correspondiente a los días no trabajados “a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador/pagador”. Y se remiten a la huelga de 2018 para poner de manifiesto los contrastes: “En la anterior huelga, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente. Resulta inaceptable que en esta ocasión el Ministerio no haya actuado del mismo modo, a pesar de contar con todos los antecedentes, medios y herramientas para ello”, alegan. Y advierten que esta actuación “no es irrelevante”, dado que “eludir deliberadamente una obligación legal tan clara” podría tener “consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos”.

“Un burdo ejercicio de propaganda y manipulación”

Finalmente, el comunicado reprocha a Félix Bolaños que haga un “ejercicio de propaganda y manipulación”. En este sentido, señalan que el hecho de que el Ministerio “aproveche su propio incumplimiento” y el “hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislado haya pedido expresamente esa detracción” para “salir a la opinión pública a decir que casi no hubo seguimiento” de la huelga “contradice” los datos de las asociaciones de jueces y fiscales y los que el propio Ministerio dio en su momento.

Concretamente, los días de la huelga, tanto el Ministerio de Justicia como las asociaciones convocantes compartieron otros datos de seguimiento. El primero lo aportaron las asociaciones el mediodía del primer día: el 75%. El dato se basaba en el número de correos electrónicos que recibieron de parte de los jueces y fiscales que decidieron comunicarlo voluntariamente a través de la cuenta que habilitó el comité de huelga. “Cualquier semejanza de esta cifra con la realidad es pura coincidencia”, contestó el ministro Bolaños al día siguiente en una entrevista en la SER. El segundo día, las asociaciones informaron de un seguimiento del 70% y el tercero, de un 65%. Por lo tanto, de media, siete de cada diez jueces y fiscales.

En cambio, el Ministerio de Justicia rebajó mucho estas cifras: según los datos oficiales facilitados por los secretarios de gobierno de los tribunales superiores de justicia a partir de las incidencias que hubo, el seguimiento el 1 de julio fue del 28,75%, el 2 de julio, del 30,84% y el 3 de julio, del 33,55%. De media, un 31,04%.