El Departament de Drets Socials e Inclusión ha prorrogado la gestión del Servicio de Seguimiento y Valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) a la Fundación Resilis, que está siendo investigada por la Oficina Antifraude de Catalunya por supuestos pagos irregulares en servicios de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), según ha adelantado la Ser y ha confirmado ElNacional.cat este lunes. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, anunció que este servicio sería asumido por la Generalitat este diciembre, pero tres meses después del anuncio- finalmente, se hizo la prórroga del servicio externalizado y gestionado desde 2022 por la UTE formada por Fontanilles-Resilis, hasta diciembre de 2026, con un coste de 556.916 euros. Desde el departament se ha asegurado que la prórroga del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados “se ha hecho de forma automática para garantizar el acompañamiento a las personas jóvenes extuteladas y no dejarlas sin servicio”, porque los trámites en la administración son más lentos.
Paralelamente, la consellera de Drets Socials ha solicitado iniciar “un expediente de contratación del nuevo servicio”. Se precisa que este servicio de acompañamiento "será necesariamente diferente" porque, de acuerdo con el nuevo decreto de estructura, será la Dirección General de Prestaciones Sociales, en vez de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) -sustituta de la DGAIA-, quien se encargue de dirigir y coordinar la gestión de las prestaciones sociales de carácter económico de las personas jóvenes extuteladas. No obstante, la consellera Martínez no informó de esta prórroga en el Parlament, cuando dio nuevos datos, así como que condonaría la deuda a los jóvenes que habían cobrado de más por una gestión no atribuible a los chicos, tal como pidió la síndica de Greuges. El departament ha avanzado que también tiene a punto la auditoría que encargó para frenar las irregularidades en la gestión detectadas por la Sindicatura de Comptes.
Nueva comisión de investigación
En concreto, la Sindicatura de Comptes destapó el descontrol de la DGAIA en dos informes, que cifran en 167 millones de euros las irregularidades en los pagos detectados entre los años 2016 a 2024. De este total, la Sindicatura ha cifrado en 4,7 millones de euros (entre 2019 y 2022) los pagos indebidos a los extutelados que tenían rentas de trabajo y que, por lo tanto, ya no la podían cobrar.
Precisamente, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación para aclarar estos 167 millones pagados de forma irregular, de los cuales unos siete millones ya han están prescritos. Además, este martes se debe constituir en el Parlament la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.