Este miércoles se somete a votación en el Congreso el famoso decreto "contra la República digital". Más allá el polémico nombre con que lo bautizó el mismo Pedro Sánchez, la norma habilita al Estado a cerrar páginas y redes sociales e incluso invade competencias de las comunidades autónomas. Es por eso que desde la Generalitat preparan una ofensiva "a todos los niveles" --político, jurídico e internacional-- para hacer frente, a España y a Europa. "Es un decreto que no dejaremos pasar. Lo combatiremos", aseguran fuentes del Govern.

Desde la Generalitat no sólo ven la posibilidad de cerrar páginas webs sin orden judicial, sino que también la apertura de puertas a la invasión de competencias y a la recentralización en otros ámbitos. "Se parece mucho a la ley mordaza, pero en formato judicial", denuncian desde la plaza Sant Jaume. "Es una especie de 155 por la puerta de atrás", añaden. La primera crítica es a las formas: en campaña electoral, en funciones y a través de un decreto. "En Turquía al menos lo hicieron a través de una ley en el Parlamento", ironizan.

La batalla judicial ya ha empezado este mismo jueves, cuando el Govern ha aprobado pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para que analice el decreto. Como muy tarde tendrán este informe el próximo enero. Ya disponen de un informe de sus propios servicios jurídicos. A partir de aquí, si el órgano consultivo ve indicios de inconstitucionalidad, se abrirá la puerta a un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, donde confían en que sea tumbado. "No se salva ningún artículo del decreto ley", sostienen desde el Govern.

Pero no se quedarán en España, sino que también irán a Europa. "Esto no aguantará las directivas europeas con respecto al respeto más fundamental a la libertad de expresión y el concepto de Internet libre", aseguran desde la Generalitat. Es por eso que jugarán la carta de los derechos fundamentales. Están estudiando las instituciones europeas más óptimas. "Cuando lo llevamos a Europa, eso se lo cargarán", están convencidos desde el ejecutivo catalán.

Finalmente, en el ámbito político, la Generalitat también plantará batalla. "Se ha hecho pensando en Catalunya, pero eso afecta a todos los españoles", aseguran desde el Govern. Es por eso que ha mantenido contactos con Podemos y con el PNV para intentar parar este decreto. El mismo conseller de Administración Digital, Jordi Puigneró, se ha desplazado a Madrid para seguir la convalidación en el Congreso.

Según el Govern, el decreto no sólo permite cerrar los servicios de Internet, sino también interferir el teléfono móvil, porque habla de interferir "cualquier tipo de infraestructura" sin orden judicial y al amparo de necesidades de orden público. También, según el ejecutivo, prohíbe el uso de tecnologías "de empoderamiento ciudadano" sobre el control de los datos.