La catalanofobia y la discriminación lingüística no se detienen. Esta no solamente tiene lugar en las calles, en los bares y restaurantes, en las tiendas... sino que la discriminación a aquellas personas que hablan y viven en catalán también tiene lugar desde el Gobierno. Eso quizás no parece una noticia, pero la Plataforma por la Lengua ha denunciado que La Moncloa "impone el castellano a personas, empresas o entidades" en una situación compleja para las personas, cuando tienen la necesidad de acogerse a muchas de las ayudas, subvenciones y bonificaciones que ofrecen. Concretamente, la Plataforma ha detectado en diferentes ocasiones que el Gobierno "condiciona estas ayudas al hecho que los documentos que se presenten sean en castellano". Este hecho provoca situaciones inverosímiles, ya que en algunos de los casos, el coste de traducir los textos acaba siendo más alto al importe económico en el cual se opta en las ayudas. Todo ello "desincentiva el uso del catalán en documentos privados que se tienen que presentar públicamente, como estatutos de asociaciones o escrituras de empresas, y hace que algunas ayudas solamente sean útiles para los que ya tienen los documentos en castellano", según lamentan en un comunicado.
Discriminación lingüística de Ione Belarra
Entre los casos que ha querido denunciar la entidad, ante las quejas de uno de los usuarios, hay el de una subvención del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Durante esta legislatura, este departamento ha sido encabezado por dos secretarios generales de Podemos: primero Pablo Iglesias, hasta que dimitió para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, y después de su renuncia, Ione Belarra, que todavía es la titular.
La ayuda iba dirigida a hacer actividades relacionadas con la promoción y la implementación de la Agenda 2030 y una cooperativa de viviendas y locales sociales de Valls que tenía los estatutos únicamente en catalán, decidió presentarse. El problema llegó cuando se presentó y recibió un requerimiento para incluir en la documentación una traducción jurada de los estatutos al castellano. Según explican desde la Plataforma, "esta exigencia no constaba en la resolución de la convocatoria ni en las bases reguladoras, la cooperativa protestó y pidió si realmente era necesario presentar una traducción jurada de los estatutos, teniendo en cuenta que es muy costoso". El ministerio lo confirmó y la cooperativa pagó 1.493,69 € para satisfacer su petición.
La decisión final del ministerio fue denegarle la subvención, y, por lo tanto, perdieron casi 1.500 euros. Con todo, si se la hubieran concedido, la situación habría sido injusta, ya que una empresa que tiene los estatutos en castellano desde un principio no tendría que haber pagado esta traducción.
Visión supremacista de los derechos lingüísticos
Para justificar la discriminación, los técnicos del Ministerio apelaron al artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Este artículo dice que "la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano" y solo admite que los trámites con un órgano de la administración estatal se hagan en otra lengua oficial en caso de que este órgano tenga sede en una comunidad autónoma en que esta otra lengua sea oficial. Por todo ello, la Plataforma habla de una "visión supremacista de los derechos lingüísticos", y destaca que "se hace difícil de ver cómo una medida que penaliza el uso de lenguas diferentes del castellano en los documentos privados respeta la diversidad lingüística".
Queja ante el Defensor del Pueblo
Posteriormente, y ante la injusticia que estaba viviendo, la entidad afectada presentó una queja al Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, para que instara al Gobierno a modificar la Ley 39/2015 para permitir que se puedan tramitar procedimientos en las otras lenguas oficiales y para que las subvenciones lo hicieran explícito. Además, en el caso de la cooperativa de Valls, la entidad también quería que se investigara si el Ministerio de Derechos Sociales había actuado en abuso de derecho. La oficina respondió de manera seca que no observaba "una actuación de la Administración que implicara una infracción del ordenamiento jurídico o una actuación incorrecta que impida o limite el ejercicio de un derecho legítimo", según recoge la Plataforma, y además, recomendaba a la cooperativa que se buscara un abogado si no estaba de acuerdo con la normativa que discriminaba el catalán.