El Consejo de Ministros aprobará este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Fuentes del ejecutivo español explican que este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos. La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. El Consejo de Ministros aprueba este anteproyecto de ley, en cumplimiento de una promesa de Pedro Sánchez al dirigente del PNV, Aitor Esteban, hecha el pasado 26 de febrero, en su última pregunta al presidente español después de más de dos décadas como diputado.
"De esta manera —señalan las fuentes—, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada", e incluso añaden que "países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley". Asimismo, el proyecto de ley estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Cuatro categorías de información clasificada
En la ley, se regulan cuatro categorías de información clasificada; "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido". Se introduce también en la ley un régimen sancionador administrativo para quien revele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.
El CNI ya no gestionará los secretos
Consideran las fuentes del ejecutivo español que "con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión". "El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones". Además, se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Así pues, la gestión de los secretos de Estado pasará del CNI al Ministerio de la Presidencia, liderado por Félix Bolaños, incluyendo la Oficina Nacional de Seguridad.
Finalmente, cualquier persona con un interés legítimo podrá pedir la desclasificación de documentos antes del plazo establecido, y si la Administración no responde en seis meses, se podrá recurrir a los tribunales. Los jueces ya no pedirán directamente la desclasificación al gobierno, sino al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.