El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este miércoles a las autonomías gobernadas por el PP que si hay alguna que se opone a acoger a menores migrantes repartidos desde Canarias "tendrán que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". A pesar de todo, el socialista se ha mostrado convencido de que la disputa política entre socialistas y populares no se traducirá en un gobierno autonómico que se declare en rebeldía. "Estamos hablando de una ley y nadie se opondrá a acoger y a aceptar la tutela", ha señalado en declaraciones en TVE. También ha enmarcado en la normalidad y en la legitimidad que el PP haya presentado recursos contra el reparto de menores ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero ha reivindicado la necesidad de dar una salida digna a estos menores. También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles en una atención a la prensa que no imagina, pese a la oposición, que "una autonomía quiera incumplir la ley abiertamente". "Tendría consecuencias legales", ha advertido.
Este martes, el Gobierno aprobó un decreto que fija la capacidad máxima de acogida de menores migrantes de las comunidades autónomas. La aprobación de este decreto es indispensable para iniciar el reparto de menores que se encuentran ahora mismo en las Islas Canarias. Catalunya se sitúa en segunda posición (2.650), solo superada por Andalucía (2.827). El decreto fija la capacidad ordinaria de cada territorio en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, a consecuencia de un pacto entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts, Catalunya recibirá igualmente solo a 31 menores en el próximo reparto; para tener en cuenta el esfuerzo previo de esta autonomía, que ha sido siempre la más generosa.
En esta lista, después de Andalucía y Catalunya se sitúan Madrid (2.325), País Valencià (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), Euskadi (731), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Islas Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27). La mayoría de autonomías —fundamentalmente gobernadas por el PP— se oponen a este reparto, aunque tienen la obligación legal de acogerlos. En la rueda de prensa de este martes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría lo defendió como "un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Llegan solos a nuestro país y tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria," añadió.
Tal como aprobó el Gobierno, las comunidades autónomas que tengan una ocupación de menores que triplique la capacidad ordinaria establecida este martes podrán pedir la situación de contingencia. Y eso provocará que estos menores de más sean repartidos a otras comunidades. En este mecanismo se basa el reparto de menores al resto de autonomías en que se efectuará ahora desde las Islas Canarias.
Ayuso presenta un nuevo recurso ante el Supremo
Este mismo miércoles, la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto de capacidad aprobado este martes por el Gobierno. Según el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, la norma vulnera las competencias autonómicas. Se trata del tercer recurso de esta comunidad autónoma contra decretos de reparto de menores aprobados por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, el PP de Ayuso reclama al Gobierno que le remita de forma urgente la información que ha utilizado para elaborar el reparto forzoso de menores porque lo considera "arbitrario, opaco y discriminatorio".