Tres querellas de la Fiscalía y una cuarta en camino, marcan el frente judicial contra el proceso soberanista y para detener el referéndum.

Desde el 2014 que la Fiscalía General del Estado ha presentado tres querellas contra los representantes de las principales instituciones catalanas. La primera, la del 9-N, contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, que después se amplió a Francesc Homs. Los tres han acabado inhabilitados según la sentencia que dictó sobre los tres primeros el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y la del Tribunal Supremo sobre Homs. Las cuatro sentencias están recurridas y aunque la Fiscalía no consiguió la condena por prevaricación, finalmente tiró la toalla y no va recurre esta parte.

Mas, Ortega y Rigau salen del juicio 9N / Sergi Alcàzar

A finales del 2016, la Fiscalía General del Estado fue más allá y presentó la querella contra Carme Forcadell. La principal diferencia entre la primera y esta segunda es que, así como la de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, se basa en unos hechos, el proceso de participación ciudadana del 9 de noviembre del 2014, la de la presidenta del Parlament se presenta cuando ni tan sólo se ha convocado ningún referéndum y en medio del debate político.

El Ministerio Público reforzó su presión después del debate de política general del 2016 cuando presentó una tercera querella contra los miembros de la mesa para recoger lo que el presidente de la Generalitat expuso en aquella sesión: "Referéndum o referéndum". Ninguna convocatoria, ninguna acción concreta para declarar la independencia, en cambio la Fiscalía vuelve a hacer una acción preventiva para detener un proceso que continúa vivo en el debate político, pero lo cual no ha generado ninguna acción ni prohibida ni prohibida por el Tribunal Constitucional.

Forcadell escaleras|escalas TSJC Sergi Alcàzar

La nueva querella en la que está trabajando la Fiscalía General del Estado es por la compra de las urnas. La licitación de la Generalitat no especifica qué uso se dará y ni tan sólo se han comprado todavía. Con todo, el Ministerio Público ya ha dado órdenes de trabajar en el texto de la denuncia.

El derecho penaliza las acciones, no las intenciones. Y hoy por hoy, ni se han comprado las urnas ni se ha especificado para qué se utilizarán una vez se adquieran, aunque el anuncio publicado en el DOGC el 8 de mayo habla del "suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana" y cita las leyes en las cuales se ampara esta compra: la Ley orgánica 5/1985 de la LOREG; la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Catalunya del 2006; la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum; la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana, y la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum.

Actualmente las urnas que se utilizan en Catalunya en todas las convocatorias electorales son propiedad del Estado. Por lo tanto, parece obvio que las nuevas urnas sean más para hacer un referéndum que unas elecciones autonómicas. Eso y las intenciones reiteradas del Gobierno de sacar adelante el referéndum han encendido todas las alarmas del ejecutivo español y, de rebote, de la Fiscalía.

Y en este sentido, la pregunta que se plantea es si el Ministerio Público es el brazo armado judicial del ejecutivo de Rajoy que actúa según los intereses del gobierno de España para impedir el referéndum. Y si toda la atención y tensión está dirigida hacia Catalunya en un momento donde otros casos de corrupción como el Lezo sacuden la comunidad de Madrid.

El 9-N: el servicio público al servicio del poder político

La Fiscalía emana del poder ejecutivo. Es el gobierno quien nombra al fiscal general del Estado y este, los fiscales especializados y los territoriales. En este sentido, la fiscalía nombrada por un gobierno no es independiente. Otra cosa es la utilización política del Ministerio Público.

La Fiscalía es una institución jerárquica. Todos los fiscales cuelgan del fiscal general del Estado, hasta el punto que tienen que pedir permiso e informar en el momento de aplicar su criterio.

El 9-N destapó la discrepancia y la utilización política de la institución. A pesar de ser un poder público nombrado por el gobierno de turno, la Fiscalía se rige por criterios técnicos en el momento de ejercer su acusación. Y al mismo tiempo de presentar la querella por la consulta del 2014 se visualizó como el criterio técnico era uno y el político otro. Hasta el punto que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, firmó la querella, que no quería firmar nadie y que los fiscales catalanes creían que no tenía fundamento, y después dimitió. Así lo habían acordado con el ejecutivo de Rajoy, y así fue.

Por primera vez se veía claramente cómo el gobierno español utilizaba su arma judicial contra un proceso estrictamente como debate político.

Cas Forcadell: ganar tiempo

El caso Forcadell vuelve a reflejar esta superioridad política a partir de las herramientas judiciales, y cómo se instrumentaliza la fiscalía para marcar los tempos o ganar tiempo.

La primera querella contra la presidenta del Parlament es un proceso relámpago que, incluso su abogado, creía que acabaría ya en juicio a principios del 2017. Pero el Ministerio Público quiere ganar tiempo. Y mientras, presenta una segunda querella que incluye parte de los miembros de la Mesa, pide unificar todo el caso y que se declare causa compleja. Y eso alarga todo el proceso. Ahora hay un año más de margen.

Juego de ajedrez

La Fiscalía juega un juego de ajedrez imposible con el Govern de Catalunya. Los dobles criterios en muchos casos, los tiempos que utiliza y las prioridades juegan a favor de la Fiscalía al mismo tiempo de presentar las querellas y que estas se admitan a trámite.

El presidente de la Asociación Derechos, Sergi Vázquez, destaca esta doble vara de medir del Ministerio Público que en algunos casos pone en evidencia las instrucciones que reciben a los fiscales del ejecutivo.

Un ejemplo de eso es la denuncia que presenta Francesc Homs contra el Ministerio de Sanidad por prevaricación y desobediencia que finalmente no prospera. La Fiscalía argumenta que para que haya desobediencia hace falta una notificación personal, reiterada y con advertencia específica de las consecuencias. Exactamente el que no hubo en la providencia para parar el 9-N y que acabó llevando a juicio Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. "Se cogen la ley y su interpretación como les conviene", dice Vázquez.

Otro ejemplo son los delitos de odio "clarísimos" que se han detectado y que la Fiscalía deja de lado negando la catalanofobia. De todos los presentados sólo ha prosperado el del tuit contra los catalanes muertos en el avión de Germanwings.

Según Vázquez, "se tendrían que someter a la ley, pero todos sabemos que reciben instrucciones". "Tienen instrucciones para no perseguir la catalanofobia", insiste el presidente de Drets que esta misma semana tuvo que representar a Héctor López Bofill en la declaración judicial por este tuit.

De la Camargala Oficina Antifrau

Hay dos casos más que evidencian la mano del Ejecutivo sobre la Fiscalía.

Uno de ellos es la comida en la Camarga entre la expresidenta del PP en Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, donde asegura a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola que tiene "un fiscal amigo".

Las declaraciones que sacudieron más, sin embargo, la opinión pública y que acabaron con la destitución del director de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, las hizo el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, máximo responsable de la UDEF, unidad de la policía española que ha filtrado más de un informe, alguno de ellos sin fundamento y que nunca se ha llegado a encontrar, contra algunos de los protagonistas del proceso. La ya famosa frase "el fiscal te lo afina", muestra una utilización política del Ministerio Público sin complejos.

Tampoco tuvo ningún miramiento el mismo portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, el viernes de la semana pasada cuando después del Consejo de Ministros dijo que si se compraban las urnas "la Fiscalía intervendrá. No es posible saltarse la ley, hago un llamamiento al juicio. No se pueden hacer encuestas para preguntar si hace falta obedecer o no la ley, porque si no estaríamos a la deriva, la jungla. Eso lo hacen porque la Generalitat está en manos de los antisistemas y radicales de la CUP"

Fue el último intento de hacer jaque mate que se acabó confirmando el martes cuando la Fiscalía General del Estado afirmó que estaban trabajando en la querella por la compra de las urnas.

Del referéndum a la Lezo

"Atónitos asistimos a un serial informativo que desprestigia nuestro trabajo". Así se refirió la Unión Progresista de Fiscales cuando se destapó toda la polémica a raíz del caso Lezo y los intentos de Anticorrupción de apartar a uno de los fiscales del caso cuando este apuntaba a salpicar el gobierno del PP. Por la asociación se ha dado una imagen de una Fiscalía "junta al servicio de intereses políticos o de los poderosos" que no se corresponde con la realidad y defiende que la institución "está integrada por magníficos profesionales que con dignidad, mucho empuje y pocos medios ejercen su función constitucional como servidores públicos en defensa exclusivamente de la legalidad y los derechos de los ciudadanos".

fiscal general estado jose manuel maza efe

El caso Lezo acabó en una comisión de control del Congreso esta misma semana donde comparecieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y donde quedó en evidencia el uso político de la Fiscalía.

Magaldi, la guinda

Maza ha llegado a la Fiscalía General del Estado para removerlo todo. Y todos los movimientos de ficha que tenía previstos han levantado una polvareda que de momento, algunos, están en suspense. Como la estrategia para apartar a los dos fiscales del caso 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, para trasladar el caso a Madrid desde donde el control es más fácil.

Fiscales Bermejo i Grinda

Pero el fiscal general del Estado no ha querido hablar nunca en público de Catalunya, ni en el Congreso, ni hace unas semanas cuando vino a Catalunya y se paseó por los despachos de todas las fiscalías que tiene bajo su paraguas, entre ellas la de Barcelona con la fiscal de hierro, Anna Maria Magaldi.

Magaldi, la fiscal que siempre se ha puesto al lado de sus superiores de Madrid y se desmarcó desde el primer momento de sus colegas catalanes contrarios al proceso judicial del 9-N. La misma que protagonizó la polémica sobre una supuesta agresión en la salida del juicio de Mas, Ortega y Rigau que nunca existió y que al final ella misma desestimó denunciar porque todas las imágenes y testigos se le giraron en contra.

Un juicio, donde por cierto, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled estuvo acompañado, o vigilado, por la cúpula de la Fiscalía catalana y parte de sus colegas. Un hecho del todo inusual. Un hecho más.