La Fiscalía Europea ha instado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a informar “sin dilación” sobre qué contratos investiga en el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. La intención del organismo es saber si algunos de estos contratos han sido financiados con fondos europeos, lo que entonces dejaría en manos de este ente europeo la competencia para investigar. Es por ello que el suplicatorio urge a informar sobre “el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que se están investigando”. Fuentes de la defensa del exsecretario de Organización más reciente del PSOE señalan a este periódico que de momento la Fiscalía Europea no ha ejercido su “derecho de advocación” para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así fuera el magistrado del alto tribunal “debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia”.
En caso de que el Supremo dejara ahora en manos de la Fiscalía Europea esta investigación, el caso se fragmentaría aún más. Se encuentra actualmente dividido en varias piezas en dos tribunales. Todo comenzó con una investigación en la Audiencia Nacional sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19. Las indagaciones se centraban en la adjudicación de contratos a una empresa relacionada con Víctor de Aldama. Pero la investigación fue a más y entonces el Tribunal Supremo tuvo que imputar a José Luis Ábalos. Cayó en manos de este alto tribunal porque este exnúmero tres de los socialistas es diputado en el Congreso y, por tanto, tiene condición de aforado. El Supremo ha llegado a investigar también la contratación irregular en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja del exministro. Y la investigación se abrió aún más el pasado mes de junio, cuando se hizo público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba a Santos Cerdán en la diana.
Ante esta creciente complejidad del caso, el juez Puente decidió trocear la investigación del Supremo para abrir una línea dedicada exclusivamente a las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. En la resolución donde lo acordaba, explicaba que respecto de los otros hechos las investigaciones están muy avanzadas, previendo que podrían acabar en poco tiempo, pero que la indagación sobre la adjudicación de obra está aún en fase embrionaria.
La Fiscalía Europea ya lo pidió a la Audiencia Nacional
Hace un año, la Fiscalía Europea pidió la competencia completa del caso Koldo. En aquel momento la trama solo la investigaba el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Indagaba únicamente la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario como las mascarillas durante la pandemia del coronavirus. El Tribunal Supremo, sin embargo, resolvió que la Fiscalía Europea no era competente para investigar completamente los hechos como pretendía en un primer momento porque, según apuntaba, el caso no afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea. Así pues, se limitó a poder rastrear solo los contratos en los que hubo un uso presuntamente irregular de fondos europeos en las Islas Baleares y Canarias.
Tal como también defendían la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Supremo estableció que las actuaciones en esta causa iban dirigidas a investigar "la posible existencia de una trama de corrupción a escala estatal que afectaría a varias administraciones y organismos públicos, también estatales". Es por eso que dictaminó que podía ser investigada más eficazmente por organismos de la misma naturaleza, debido a su "falta de conexión material con cualquier interés supraestatal que pudiera justificar la intervención de un organismo de esta naturaleza como la Fiscalía Europea".