El fiscal del TSJC ha pedido abrir el procedimiento contra el ex secretario general de Economía Josep Maria Jové por los delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia. En cambio, ha descartado procesar al vicepresident, Pere Aragonès, por el delito de desobediencia.

 

El fiscal respondía así a la petición del juzgado número 13, que investiga los preparativos del 1-O y que elevó el caso contra los dos políticos al TSJC por su condición de aforados.

En opinión del fiscal, no hay bastantes indicios que permitan, "cuando menos de momento", atribuir a Aragonès, que en el momento de los hechos era secretario de Economia del Govern, la participación en un delito de desobediencia, tal como reclama al juez del 13.

En el caso de Jové, que entonces era secretario general de Economia y actualmente es diputado, considera que hay suficientes indicios para atribuirle la participación en los "delitos de malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos y desobediencia", sin descartar la posibilidad de que se pudieran añadir más adelante "los elementos propios del delito de prevaricación administrativa".

El juzgado 13 es el responsable de los registros que se llevaron a cabo en diferentes conselleries de la Generalitat, organismos públicos y despachos particulares el 20 de septiembre del año pasado, entre las cuales la de la Conselleria d'Economia de la rambla de Catalunya. La letrada que se encargó de aquel registro se ha convertido, además, en uno de los testigos clave de la causa contra el 1-O que se sigue en el Supremo.

El magistrado del juzgado 13 Juan Antonio Ramírez Sunyer, que abrió este caso a raíz de diferentes declaraciones públicas del exjuez Santi Vidal, no había admitido formalmente hasta hace dos días que sí está investigando los preparativos del 1-O.