Después de cinco días de juicio en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado se ha quitado la toga que ha lucido durante toda la semana, se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha tomado la palabra y ha intentado desmontar uno por uno los indicios que hay contra él y que hacen que se enfrente a penas de tres a seis años de prisión. La sentencia tendrá que dilucidar si él filtró el correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Él lo ha negado taxativamente y ha querido justificar todos los movimientos que hizo los días de los hechos para intentar convencer al tribunal de que es inocente. “¿Ha hecho llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo?”, le ha preguntado la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en uno de los dos únicos interrogantes que le ha planteado. “No”, ha contestado él. Ha sido justo al principio de su declaración, después de anunciar que no contestaría a las acusaciones para no avalar la “actuación desleal” que Alberto González Amador, que ejerce de acusación particular, ha emprendido durante toda la investigación. Y ha concluido su declaración tomando prestada una reflexión: “Antes de entrar en la sala, y con eso termino y les agradezco su paciencia, una persona la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende’. Y creo que es un resumen de lo que ha pasado aquí”.

 

Durante el interrogatorio de su abogado, José Ignacio Ocio, en el que ha tenido campo para correr y para extenderse, ha argumentado por qué pidió los correos que se intercambiaron el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira: “Hay que saber qué está pasando, yo no tenía ni idea que se hubieran cruzado un correo o que hubiera un correo”. Y, con la voluntad de “defender la actuación absolutamente impecable de los fiscales” y el trabajo que hace la Sección de Delitos Económicos con “rigor y profesionalidad”, él reclamó los correos: “En la conversación anterior, le he comentado a la fiscal superior que necesito los correos, que quiero los correos. Es evidente que si yo quiero los correos, poco más hay que decir”.

Su petición llegó después de que las maniobras del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, surtieran efecto y El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, cuando realmente había sido al revés: “Hasta la noticia, no dejaban de ser rumores o un intento de intoxicación. […] Una vez que examino esa información, saltan las alarmas, es el detonante de que algo está empezando a ocurrir”, ha esgrimido el fiscal general del Estado. “Es absolutamente extravagante que un fiscal pueda ofrecer un pacto, da la sensación de que Albero González Amador es especial, en el sentido de que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que ofrecer un pacto por parte de a Fiscalía a una persona especial tiene algo de extraño. […] Eso ayuda a que la opinión pública se haga una idea deformada de lo que puede estar ocurriendo”, ha añadido. Y ha cargado contra la “insidia” y las “calumnias” de Miguel Ángel Rodríguez por haber dicho que el ofrecimiento del pacto se había retirado por órdenes de arriba: “Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y no hay órdenes de ningún tipo para que eso no se haga”.

“Sistemáticamente, no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información”

El fiscal general del Estado también ha vuelto a justificar que borrara su móvil el mismo día que el juez empezó a investigarlo: lo ha enmarcado en una práctica habitual y ordinaria y lo ha desligado de la causa que le abrió el Supremo. “Yo soy muy consciente de la protección de datos. […] Sistemáticamente, no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chats que pueden tener información profesional”, ha esgrimido. “Estoy absolutamente seguro que en ese momento, ni el mes anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, existían los wasaps que se supone que son objeto de esta causa, esos que dicen que yo tengo y que debería haber enseñado para exculparme”, ha añadido.

 

Respecto al cambio de teléfono, que hizo una semana después de su imputación, ha sostenido que su agenda no le permitió hacerlo antes: “Me cuesta mucho cambiar de terminal, tengo que tener la seguridad de tener técnicos a mi lado para reinstalar la firma”. Fue un terminal que recibió en mayo y que puso en funcionamiento en octubre: “Lo fui dejando. En mayo hago bastantes viajes. Junio, julio… Septiembre fue un mes de locura y cuando vuelvo de un viaje a Brasil es cuando ya tengo a los técnicos delante. Restauro los valores de fábrica en ese mismo dispositivo y ellos ponen todos los certificados de seguridad digital que son necesarios”, ha alegado.

Y también ha justificado que no devolvió el dispositivo porque, hace años, cuando era fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica le dieron un reciclado que había usado el jefe de inspección de la Fiscalía: “Desde esa devolución, no he devuelto ninguno”, ha subrayado. “Con el terminal hice lo mismo que con los anteriores. Restauro valores de fábrica y me aseguro que se elimina cualquier dato que pueda perjudicar a terceras personas”, ha proseguido. “Hay que hacerlo y ser conscientes que si mi terminal acaba en manos de terceras personas, me lo dejo en un bar o me lo roban, estoy poniendo en peligro a muchas personas de este país”, ha apostillado.

Una nota de prensa sin “ninguna información que fuera lesiva para nadie”

Asimismo, ha defendido la nota de prensa que se publicó el 14 de marzo con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, aunque él ha quitado importancia a este detalle. La ha presentado como una “respuesta institucional de la Fiscalía a una noticia que “pone en cuestión el trabajo” de los fiscales. “Ese el espíritu de la nota”, ha defendido. Y ha expuesto cómo decidieron el contenido de la nota: “Colocamos los correos después de que estos hubieran sido revelados en la opinión pública. Aunque la intención inicial de la nota no tenía nada que ver con los correos, es cuando los correos generan esa confusión y cuando el literal de los correos está revelado ante la opinión pública cuando nos disponemos a ponerlo”. “El hecho de empeñarme y de que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior de Madrid para que salga una nota cuando ya se han revelado los correos, yo creo que está poniendo de manifiesto que yo quiero que la respuesta institucional de la Fiscalía pública, veraz y ante todos los ciudadanos sea lo que esté [allí]”, ha añadido al final de su declaración.

“Teníamos que incorporar solamente aquello que se refiriera al trabajo de los fiscales, nada más. Ninguna información accesoria ni ninguna información que pudiera ser lesiva para nadie. […] Para mí, el dato más importante es que la nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía. Cualquier dato referente al señor Amador ha sido tratado con exquisitez”, ha esgrimido. Así, por ejemplo, “no se mencionó” el PDF adjunto que había en el correo del 2 de febrero: “Es el elemento más importante de ponderación, no dar nada que pudiera perjudicar a un tercero”, ha reiterado. Y ha revelado que, respecto a la primera versión, se eliminó la referencia a Isabel Díaz Ayuso en el encabezamiento y se quitó la alusión a los “responsables políticos” de la primera línea, que apuntaba a Miguel Ángel Rodríguez: “Queríamos rebajar la sensación que estábamos entrando en una guerra en la que no nos interesaba entrar”.

 

Al final del interrogatorio, el fiscal general del Estado ha vuelto a negar que instigara una cruzada contra Alberto González Amador: “En todos los mensajes y toda la documentación que hay en la causa, no encontrarán ni un ápice, ni una cuestión que pueda ser malinterpretada sobre el señor González Amador o nada parecido sobre su entorno. No hay absolutamente nada, porque mi obsesión es la Fiscalía, proteger a los fiscales y amparar que hacemos un trabajo difícil y duro, pero muy digno”, ha recalcado.

— ¿Usted tenía algún interés en perjudicar a Alberto González Amador?
— No, yo creo que eso está fuera de toda duda.
— ¿Ha intentado perjudicar el derecho de defensa de González Amador?
— En absoluto, ni el derecho de defensa ni su propia honorabilidad.

¿Por qué no ha contestado a las acusaciones?

Antes de empezar a contestar las preguntas de su abogado, el fiscal general del Estado ha tomado la palabra para mostrar su “respeto más importante a los perjudicados en el proceso penal” y argumentar por qué ha decidido no contestar ni a la acusación particular que ejerce Alberto González Amador ni a las cuatro acusaciones populares. “Se han producido circunstancias que me han llevado a pensar que hay una actuación desleal con el tribunal”, ha justificado. Y ha mencionado tres elementos relevantes en esa dirección.

En primer lugar, la querella original omitió un “dato fundamental”, cosa que provocó que la investigación se dirigiera de forma “unívoca” hacia la Fiscalía, obviando que el correo del 2 de febrero también se envió a la Abogacía del Estado: “Si este dato hubiera figurado en la querella, quizás no estaríamos aquí”, ha expresado Álvaro García Ortiz. Por otro lado, ha recordado que el correo del fiscal Julián Salto del 12 de marzo se entregó a una “tercera persona ajena al proceso” (el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez) para que hiciera un “uso político” de él. Y, finalmente, ha lamentado que el hecho de que Alberto González Amador haya renunciado a la responsabilidad subsidiaria del Estad demuestra que “no le interesa el aseguramiento del resarcimiento, sino que solo dirige la acción” contra él, cosa que “distorsiona la figura de perjudicado”.

La “desafección” y “acritud personal” de Almudena Lastra

En otro momento de la declaración, Álvaro García Ortiz ha hablado de Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. “Hay una situación de desafección de la señora Lastra tanto con el equipo directivo de la Fiscalía General del Estado como con el que estaba anteriormente. Yo creo que se siente preterida profesionalmente y que esa acritud personal que tiene hacia mi la traslada en cualquier foro judicial o fiscal en el que esté”, ha verbalizado. Almudena Lastra intervino en dos de los momentos cruciales de los hechos que se están investigando. Primero, le llamó el 13 de marzo por la noche: “Es la primera vez que me llama desde que soy fiscal general del Estado, y más a mi teléfono personal y más a esas horas. Me manifiesta una inquietud importante sobre un hecho que le acaba de comentar su director de comunicación”, ha expuesto. Se refería al bulo que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez.

Después, el 14 de marzo por la mañana, ella fue quien, según aseguró cuando declaró como testigo, preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado el correo. “Esto ahora no importa”, le habría contestado él, según su versión. Sin embargo, el fiscal general del Estado niega los términos de la conversación: “Yo no escuché esas palabras, no puedo decir nada más. Yo dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado. Tampoco es que hubiera una relación de confianza entre la señora Lastra y yo para poderse dirigir a mí en esos términos”. “Lo que sí que tengo claro es que a mí me costaba mucho entender como un fiscal de este país recibe seis llamadas del fiscal general del Estado y hay una cosa más importante que hacer”, ha añadido. “Que tenga que perseguir a una fiscal y no reciba inmediata contestación… me parece que no había una colaboración”, ha remachado. Era el momento que él quería difundir la nota de prensa y ella no lo estaba facilitando.