Los datos personales de Pedro Sánchez y de su gabinete han vuelto a quedar comprometidos, después de que un hacker haya filtrado direcciones, teléfonos personales y correos electrónicos del gobierno español y de miembros de la Fiscalía General del Estado. Según informa ABC, la Comisaría General de Información (CGI), investiga la filtración de unos datos que han sido publicados por el ciberdelincuente en internet. No es la primera vez que Sánchez y otros líderes políticos del Estado se enfrentan a una situación como esta. En el caso del presidente del gobierno español, el hacker ha colgado en una web las direcciones de las diferentes propiedades del líder socialista. Entre los otros cargos afectados por la filtración están las vicepresidentas Yolanda Díaz y María Jesús Montero o el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En su caso, se han filtrado los teléfonos móviles.
Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado después de la condena a Álvaro García Ortiz, también ha visto información personal comprometida por este ataque. Otros miembros del ministerio público se han visto en una situación similar. Concretamente, el pasado 26 de febrero, el ciberdelincuente detrás de las filtraciones anunciaba que la filtración afectaba a 50 empleados actuales. Dos días después, durante el fin de semana, la misma persona anunciaba que filtraría información sobre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Finalmente, el domingo colgó una última remesa de datos sobre los datos personales de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de España”. En este sentido, el delincuente explicaba que si bien la cantidad de contenido filtrado era menor, este contiene “información sobre personas muy importantes en España”.
Investigación abierta a dos jóvenes de Las Palmas
Este tipo de filtraciones se han convertido en una constante en los últimos meses y las sufren políticos de todos los partidos. El pasado mes de julio, agentes de la policía detuvieron a dos chicos en Las Palmas en las Canarias, por su presunta participación en la difusión a través de canales de Telegram ultras de datos personales del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de varios ministros, así como otros líderes políticos. La policía registró los domicilios de los dos detenidos, dos hombres nacidos en 2006. La Audiencia Nacional tiene abierta una investigación por estos hechos al considerarlos delitos de ciberterrorismo y contra las altas instituciones del Estado. Ahora, meses después, la investigación de la CGI sobre estos hechos continúa abierta y centrada en encontrar el patrimonio de los dos jóvenes, que invirtieron los beneficios obtenidos a partir de las filtraciones en criptomonedas.