El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este martes que él no está de acuerdo con que en España haya jueces que hacen política, tal como señaló la semana pasada Pedro Sánchez, en referencia a los magistrados que investigan su entorno familiar. En una entrevista en Antena 3, el exlíder del PSOE ha argumentado que la politización de la justicia sí que existe, pero solo a consecuencia de la judicialización de la política. Y ha puesto como ejemplo el procés, un conflicto político que, según su opinión, se habría solucionado y se habría ahorrado su judicialización si mucho antes se hubiera aplicado el artículo 155. "Hay que ver qué se ha hecho en Catalunya con el juez Llarena… maltrato y persecución; si un líder independentista hubiera tenido aquella persecución humana y familiar, habría ardido Troya", ha espetado.

En esta entrevista, González ha sido preguntado por Carles Puigdemont y la aplicación de la ley de amnistía. "Yo no doy nada por hecho", ha contestado cuando se le ha sacado el tema del Tribunal Constitucional y su futuro posicionamiento sobre esta ley. Ha opinado, también, que el president de la Generalitat en el exilio podría volver ya a Catalunya porque "con lo que le queda de malversación no es probable que lo acabaran encarcelando". Ha vuelto, a pesar de todo, a pronunciarse en contra de la ley de amnistía, pero a favor de los indultos a los líderes independentistas.

También ha criticado a Pedro Sánchez por su voluntad de seguir gobernando sin presupuestos, aunque el Congreso de los Diputados le tumbe las cuentas de 2026 que ya ha asegurado que presentará. "No se puede gobernar así", ha afirmado. Y ha ejemplarizado que él está de acuerdo con el aumento del gasto militar impulsado por el actual presidente del Gobierno, pero ha reclamado transparencia y poder "saber de dónde sale este dinero". Por otra parte, también ha reivindicado que él no rompería nunca las relaciones diplomáticas con Israel, y que en su discurso sería muy crítico con la administración de Benjamin Netanyahu, pero también con Hamás.

Este lunes, de hecho, estalló un nuevo conflicto diplomático entre España e Israel a consecuencia de una declaración institucional a primera hora de Pedro Sánchez en la que anunciaba medidas contra el genocidio en Gaza. La respuesta del gobierno israelí fue acusar al presidente español de querer tapar sus "graves escándalos de corrupción" con la bandera de Palestina, y prohibió la entrada a su país de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. El Ministerio de Exteriores de España, después de eso, llamó a consultas en Madrid a su embajadora en Tel Aviv, después de las "calumniosas acusaciones" de Israel.

Más tarde, en otro acto, Sánchez respondió a Netanyahu asegurando que su gobierno "no participará en la banalización del mal". "Hemos mantenido una posición inequívoca, que ha sido condenar sin ambages los ataques terroristas de Hamás y pedir la liberación de los rehenes; no acepto que se diga que España no ha condenado los ataques ni exigido el retorno de estas personas; pero lo que pasa en Gaza tiene una palabra y es genocidio; no apartaremos la mirada de la barbarie; no participaremos en la banalización del mal", aseveró.