Los términos son los que utilizan las fuentes del Gobierno español consultadas por El Nacional: "Busca crearle un problema muy gordo [a Oriol Junqueras], es una bomba de relojería". Los diarios de Madrid incluso dicen que el objetivo perseguido es una "rebelión" de funcionarios contra el vicepresidente. El Estado está poniendo toda su maquinaria en marcha contra el referéndum del 1 de octubre.

El punto álgido se alcanzó con el anuncio de este viernes: el gobierno español acondicionará el pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al hecho de que el Govern de la Generalitat no gaste ni un euro en el referéndum del 1 de octubre. La Moncloa quiere que los departamentos de la Administración catalana justifiquen semanalmente todos sus gastos. Si se hace un gasto que no gusta en Madrid, como en las famosas urnas para el referéndum que todavía no se han comprado, esta línea de crédito no será abonada.

Esta medida, que podría parecer que va orientada solo a presionar a la Generalitat, lo que hace es ampliar el radio de la estrategia de la intimidación de la política a la sociedad civil. Al final, los recursos que la Generalitat y las otras comunidades reciben del FLA van a parar a una priorización establecida por el mismo Ministerio de Hacienda español: primero se atienden los intereses de la deuda y después los proveedores ordinarios (empresas). La Generalitat envía a Madrid excels con facturas y el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), las paga directamente a estas empresas.

¿Quiénes son los proveedores de la Generalitat? Entre otros, las farmacias de todo el país, cuyas facturas son recogidas por los colegios farmacéuticos de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. El gasto farmacéutico mensual asciende a unos 115 millones de euros mensuales aproximadamente. También están las facturas de los conciertos hospitalarios (unos 150 millones de euros mensuales), las residencias o proveedores generalistas, que van desde empresas de servicios hasta suministros.

"El FLA también cubre las amortizaciones de deuda, pero eso no lo tocarán, porque no quieren molestar a los bancos", aseguran desde la Generalitat

Fuentes del Departament d'Economia de la Generalitat señalan que el objetivo son justamente los proveedores. "El FLA también cubre las amortizaciones de deuda, pero eso no lo tocarán, porque no quieren molestar a los bancos", aseguran en este sentido. El control ya existe, pero pasa de ser mensual a ser semanal. El objetivo, dicen estas fuentes, es asustar: "Quieren pedir a más altos cargos y funcionarios que certifiquen que no se hacen gastos sospechosos. Quieren extender el miedo".

No es que el Estado intervenga ahora las finanzas de la Generalitat, sino que es nueva vuelta de tuerca de esta intervención: recordar y escenificar que es el Estado el que ejecuta los pagos. De hecho, el otoño de 2015 el Gobierno español anunciaba a través del ministro Montoro que certificaría a través de la Intervención General de la Administración del Estado que todos los gastos de la administración catalana se harían "respetando la legalidad", que no se destinara dinero del FLA al proceso. En palabras de Montoro, "el Estado no está para financiar las veleidades independentistas de ningún gobierno autonómico".

El anuncio de este viernes, sin embargo, solo es el punto álgido de un mes de julio en el que el Estado ha empezado a sacar su artillería para detener el referéndum del 1 de octubre. La estrategia es la intimidación, y va más allá de los responsables políticos.

Empresas, funcionarios e incluso voluntarios

No es la única presión que recibirán los proveedores de la Generalitat. Las empresas fabricantes de urnas que optaban al concurso abierto por la Generalitat, que finalmente quedó desierto, también han recibido la presión del Estado. Concretamente, una de estas empresas recibió una visita de la Guardia Civil. Como informó TV3, un responsable de Plastic Express estuvo dos horas respondiendo a preguntas en el cuartel de la Benemérita en la Travessera de Gràcia.

El dedo de Ciudadanos señaló el camino, cuando el pasado mayo sugirió que el Estado podía presionar a las empresas para evitar el referéndum. La Guardia Civil también exigió la pasada primavera información y documentación sobre los contratos de la Generalitat a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad. Presuntamente estarían ligadas a la construcción de la hacienda propia y los servicios de inteligencia propios.

Otro objetivo primordial del Estado son los funcionarios. En este contexto se enmarcan las más de 1.500 cartas que el Gobierno español -a través de la secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales- ha enviado a los funcionarios de 993 corporaciones locales de Catalunya. En la misiva, publicada por El Periódico, se les pedía "apoyo y colaboración" con el objetivo de impedir que se celebre el referéndum del 1 de octubre. Les recordaba que podía suponer "un incumplimiento de las advertencias del mismo Tribunal Constitucional".

También son funcionarios los agentes de los Mossos d'Esquadra, y también están en el punto de mira del Estado

También son funcionarios los agentes de los Mossos d'Esquadra, y también están en el punto de mira del Estado, especialmente después del relevo en la dirección del cuerpo. "Espero que a nadie se le pase por la cabeza que puedan ser condicionados u obligados a hacer algo distinto de lo que la ley les obliga", decía esta semana el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, que espera que los Mossos sean "fieles cumplidores de las obligaciones que tienen asumidas por su condición". El Gobierno español ya ha advertido que está dispuesto a tomar el mando de los Mossos para impedir el referéndum.

La intimidación incluso ha llegado a los voluntarios. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguraba esta misma semana que habrá que estudiar si los voluntarios que participen en la organización del 1 de octubre están incurriendo en algún delito. "La cuestión está más al límite de lo que podría ser una conducta ilícita, penal o no", decía Maza. Hace un mes ya adelantaba que la Fiscalía actuaría "sin ningún tipo de complejo ni exacerbación".

Más allá de las responsabilidades políticas

El melón de la Operación Patrimonio lo abrió el exconseller Jordi Baiget en la ya famosa entrevista en el diario El Punt Avui, la misma que provocó su cese y la posterior crisis de gobierno que se saldó con tres consellers más y un secretario del Govern. "¿Ir a la prisión? Lo aguantaría. Pero no que vayan contra el patrimonio", decía Baiget, que no resistió ni 24 horas después de la publicación.

La amenaza al patrimonio es real. Sin ir más lejos, esta misma semana el Tribunal de Cuentas ha activado el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta del 9-N. Si lo considera oportuno, el expresident Artur Mas y varios de sus exconsellers podrían tener que pagar los más de cinco millones de euros que costó de sus bolsillos. Una nueva advertencia de cara al 1-O. Un artículo de El Periódico se encargaba de recordar el patrimonio que tienen los consellers del gobierno de Puigdemont (antes de la remodelación).

Hasta ahora, lo que se había intentado depurar a través de la justicia eran las responsabilidades políticas. El Tribunal de Cuentas va un paso más allá

Hasta ahora, lo que se había intentado depurar a través de la justicia eran las responsabilidades políticas. Es lo que pasó, por ejemplo, con el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs. Los cuatro fueron condenados a inhabilitación por el 9-N. Ahora, sin embargo, el Tribunal de Cuentas va un paso más allá. Si hasta hoy el objetivo había sido el president Mas, ahora lo es el ciudadano Mas. También es una advertencia para el president Puigdemont y los miembros de su gabinete.

Todo eso se produce la misma semana que TV3 ha emitido Las cloacas de Interior, que ninguna cadena de ámbito estatal ha querido emitir. Solo la televisión pública vasca EITB y la balear IB3. El documental de Mediapro relata cómo el Estado ha utilizado sus cloacas para atacar a sus opositores políticos, ya sean independentistas o de Podemos. Uno de los protagonistas era Xavier Trias, que cuando era alcalde de la capital del país se inventaron que tenía una cuenta en Suiza. El mismo banco suizo lo desmintió.

El objetivo de todos los movimientos del Estado: que el 1 de octubre no haya urnas en Catalunya, sin tener que recurrir al precinto.