El Gobierno condicionará el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que el Govern de la Generalitat no gaste ni un euro para el referéndum de independencia del 1 de octubre, según ha anunciado el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los departamentos de la Generalitat tendrán que justificar semanalmente sus gastos para que el Gobierno verifique el uso que hacen de ellos. Es decir, que supervisará la totalidad de las finanzas del Govern.

Según fuentes de la Moncloa, la "medida preventiva" viene motivada tras las acciones llevadas en las últimas semanas por el "gobierno de radicales", colocando al frente de las conselleries a personalidades presuntamente más comprometidas con el referéndum. "Ayer incluso dimitió la número dos de Ensenyament", recuerdan las fuentes. De Vigo lo ha tachado públicamente de "nueva purga". En segundo término, se busca presionar al vicepresident Oriol Junqueras, en tanto que conseller de Economia. "Busca crearle un problema muy gordo, es una bomba de relojería", afirman.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública se encargará de verificar lo previsto en el acuerdo, que entra en vigor de manera inmediata. Establece que semanalmente altos cargos funcionarios remitan un certificado al ministerio sobre en qué invierten sus partidas conselleries y entidades públicas. Son los interventores de las conselleries, con el apoyo certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en que no haya intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

A partir de este supuesto, se abren varios escenarios.

Si la información recabada concluyera que se ha financiado el proceso refrendario, se dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades. Fuentes de la Moncloa resaltan especialmente este punto, pues el acuerdo deja caer el peso sobre los funcionarios, "que obedecerán la ley" para no ser sancionados administrativamente, exponen. Por lo tanto, insisten en que un conseller no puede hacer la tarea del subordinado público y la única vía con que el funcionariado no tendrá consecuencias es si envía el informe con la información requerida, sin incluir falsedades, y con su rúbrica personal, semanalmente.

En segundo lugar, y en caso de incumplimiento, el Gobierno central pondrá en marcha lo que prevén los acuerdos. "Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido Méndez de Vigo. El total previsto para el 2017 es de 3.600 millones de euros. Si bien, los servicios públicos de la Generalitat dejarían de estar financiados temporalmente, pero el portavoz no ha querido explicar ni durante la rueda de prensa, ni entre pasillos, quién los pagará ante la suspensión del crédito. Es decir, si lo hará Rajoy.

El acuerdo se ha aprobado este viernes en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el presidente Mariano Rajoy, y este sábado se publicará en el BOE. Fuentes de Moncloa aseguran que, durante el Consejo de Ministros, Rajoy lo ha puesto en conocimiento del resto de ministros, y también, de la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque este órgano no se encarga de ratificarlo. De Vigo desconoce, sin embargo, si la Generalitat ha recibido una nota al respecto, o lo ha sabido por la rueda de prensa.

De este modo, el portavoz ha insistido durante la rueda de prensa en que si en Catalunya se quiere hacer un referéndum, "lo tendrán que pagar ellos", los dirigentes, y no el dinero público. "Es un referéndum sin: sin urnas, sin presupuesto, sin garantías, sin ...", ha insistido. Fuentes del gabinete de Rajoy se burlan de la medida propuesta por Junqueras en un artículo este viernes en El Nacional, donde hablaba de la posibilidad de crear una caja de resistencia para sufragar multas u otras cuestiones. "Aquí estamos hablando de cosas serias", afirman, descartando la opción.

No es la primera vez que Moncloa actúa por esta vía. Un acuerdo similar se aprobó en noviembre 2015, que condicionaba el desembolso de la financiación del FLA al cumplimiento del acuerdo. La diferencia con el acuerdo aprobado este viernes es que entonces el informe se enviaba antes del 15 de cada mes, ahora semanalmente. El FLA ha liquidado en Catalunya 67.000 millones de euros desde 2012. Se considera de vital importancia pues sirvió en su momento para financiar a las autonomías, tras la crisis y ante el crecimiento de la deuda.