España ha decidido suspender indefinidamente la compra de los cazas F-35 Lightning II, el modelo estrella de quinta generación fabricado por la empresa norteamericana Lockheed Martin, dejando en papel mojado los contactos preliminares que ya se habían iniciado con Estados Unidos. Aunque el Gobierno se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB destinado a Defensa, la decisión de invertir el 85% de estos recursos en proyectos europeos hace incompatible incorporar el avión de combate norteamericano como pieza clave de la aviación española, según ha adelantado El País. El Ministerio de Defensa había llegado a formular una RFI (Request for Information) y los presupuestos de 2023 ya incluían una partida inicial de 6.250 millones para sustituir los actuales aviones AVDA-8B y C-15M. No obstante, todo este proceso ha quedado congelado y España renuncia de momento al aparato volador más avanzado del mundo.

El F-35 Lightning II es considerado el avión de combate más avanzado y letal del mundo, una joya tecnológica diseñada por Lockheed Martin. Equipado con el motor Pratt & Whitney F135 —el más potente jamás fabricado— puede alcanzar velocidades de hasta 1.960 km/h, combinando velocidad supersónica con una capacidad de invisibilidad sin precedentes gracias a su sistema VLO Stealth. Además, sus sensores generan imágenes de gran alcance del campo de batalla, ofreciendo al piloto una visión privilegiada y tiempo de reacción adicional, a la vez que protege a las tropas terrestres. Su sofisticado "Sistema de guerra electrónica" detecta y neutraliza las amenazas, bloqueando radares y evitando ataques, lo que permite operar en cualquier entorno y contra cualquier amenaza. Con un coste unitario de unos 80 millones de dólares, el F-35 simboliza el máximo exponente del poder aéreo contemporáneo, fruto de un desarrollo que superó los 250.000 millones de dólares en los primeros años del proyecto.

La decisión de abandonar la adquisición de los F-35 se justifica, según fuentes de Moncloa en declaraciones en El País, por la voluntad del Gobierno de invertir el 85% de los nuevos fondos de defensa dentro de Europa, reduciendo así la dependencia con la industria armamentística norteamericana. El presidente Pedro Sánchez ya anunció el pasado abril una inyección adicional de 10.471 millones de euros para el ejercicio de 2025 —hasta un total de 33.123 millones— con el objetivo de alcanzar el compromiso asumido con la OTAN de llegar al 2% del PIB en gasto militar. Al fin y al cabo, sin embargo, ha generado tensiones con los socios a la izquierda del PSOE, especialmente con Sumar, que forma parte del gobierno de coalición. Esta marcha atrás complica especialmente los planes de la Armada de España, que prevé dar de baja sus Harrier AVDA-8B en 2030. Se trata de un caza con capacidad de despegue vertical desde un portaaviones, pero que, con cerca de medio siglo de servicio, ya no dispone de recambios disponibles en el mercado. La Armada, por lo tanto, tendrá que esperar a una nueva solución.

EE.UU. limitaría el uso del F-35

La renuncia al F-35 llega en un momento de tensión creciente entre los gobiernos de España y de Estados Unidos, marcado por las críticas de Donald Trump a la falta de autonomía militar de los aliados europeos. El presidente norteamericano insiste en que Europa tiene que gastar más y que no puede defenderse sola en el actual contexto bélico. Una docena de países europeos —entre los cuales Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia o Dinamarca— ya han hecho caso al magnate republicano y han adquirido el caza de quinta generación norteamericano, que podría convertirse en el avión de combate estándar de la Unión Europea en la próxima década. La paradoja, sin embargo, es que España ha optado por desmarcarse de esta dinámica. Y no solo por cuestiones políticas o presupuestarias, sino porque Estados Unidos limita severamente el acceso a las partes más críticas del sistema —como la caja negra del aparato— y podría llegar a vetar su uso en caso de conflicto. A eso se añaden los costes elevados en infraestructuras de mantenimiento y el aumento repentino de los precios, que ya ha provocado polémicas en países como Suiza. Son las servidumbres de una dependencia tecnológica que España ha decidido evitar.