Los próximos días serán claves en el proceso judicial contra el Gobierno y los miembros de la Mesa del Parlamento investigados por el procés. El Tribunal Supremo tiene que empezar la instrucción del caso citando a nuevos imputados, pero primero tiene que resolver si mantiene en la prisión al vicepresident de la Generalitat en funciones, Oriol Junqueras; al conseller de Interior en funciones, Joaquim Forn, y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Además, la Fiscalia ha pedido varios trámites, entre ellos trasladar al Supremo la parte que afecta al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que está en la Audiencia Nacional, y la instrucción contra Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras, que organizó la logística del referéndum. El Ministerio Público, además, quiere escuchar de nuevo a todos los miembros del Govern investigados y reclama al magistrado Pablo Llarena que los vuelva a citar y les tome declaración. Su declaración como investigados se hizo el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Los trámites judiciales de la acusación, sin embargo, chocan con los de la defensa, que está, todavía, trabajando para a sacar los presos de la cárcel. Y las defensas, además, tienen estrategias diferentes.

Todo conforma un tetris judicial que se deberá resolver en los próximos días y que pasa, primero e irremediablemente, por resolver los nuevos recursos de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart. Las descisiones de varios jueces, además, marca el paso. Los primeros en mover ficha serán los de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tendrán que decidir si Oriol Junqueras sale o continúa en prisión provisional.

Primero, salir de la prisión

En la prisión d'Estremera, los consellers detenidos, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, siguen vías diferentes y paralelas para salir en libertad. Desde Soto del Real, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart van por el mismo camino con respecto a la estrategia de defensa.

Mientras Forn, Sànchez y Cuixart han presentado un recurso al magistrado instructor Pablo Llanera, Junqueras ha actuado directamente y ha llevado su caso a la Sala de lo Penal segunda del Supremo, vía un recurso de apelación con el que espera salir de la prisión y en lo que no pide volver a declarar.

Es una vía conocida por Sànchez i Cuixart, que ya la utilizaron y que la Sala de lo Penal del Supremo desestimó el 3 de noviembre, justo el día siguiente a que encerraran en Estremera y Alcalà Meco a los consellers del Govern.

La pauta la marcarán la Sala de lo Penal y el magistrado Cándido Conde-Pumpido el próximo jueves día 4. Tendrá que escuchar los argumentos de todas las partes y decidir si deja en libertad a Junqueras. Si es así, estará desautorizando o enmendando la pàgina primero al criterio de la jueza Carmen Lamela, que dictó la orden de prisión provisional, y después a Pablo Llarena, que, rechazando los primeros recursos, mantuvo en prisión a Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

Llarena deberá tener en cuenta la decisión de este tribunal cuando decida si Junqueras puede salir o no de la prisión. El 11 de enero tiene que decir si Forn, Sànchez y Cuixart quedan el libertad y por ello los ha vuelto a citar. Los tres quieren exponer sus argumentos para salir de prisión en una nueva declaración, en la que quieren centrarse en los hechos de los que se los acusa. Hasta ahora no lo han podido hacer ante el juez del Supremo. Solo han prestado declaración una vez, el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Los nuevos imputados

Una vez se hayan resuelto los recursos y se sepa si los cuatro encarcelados salen en libertad o no, el magistrado Pablo Llarena tendrá que citar a declarar a los nuevos investigados.

Son la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; su portavoz, Anna Gabriel; el presidente del PDeCat, Artur Mas; su coordinadora general, Marta Pascal, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Llarena no tuvo ningún problema por hacer público su auto con los nuevos investigados justo al día siguiente de las elecciones. Pero se reservó la fecha de la declaración para más adelante.

Antes de conocerse oficialmente la imputación y coincidiendo con la precampaña electoral, empezaron a hacerse públicos en la prensa los informes del Juzgado de Instrucción número 13, que han servido de base para acusar a los nuevos investigados. La gran "prueba de cargo" es lo "Enfocats", un documento con la hoja de ruta, sin nombres, pero con cargos, que la Guardia Civil encontró en los registros del 20 de septiembre, mientras investigaba para el Juzgado número 13. De repente, el documento acabó sobre la mesa de Pablo Llarena cuando reclamó el sumario de la Audiencia Nacional, porque la policía le había hecho llegar su atestado a la jueza Carmen Lamela.

De hecho, toda la investigación tiene su origen en querellas y denuncias de la Fiscalía General del Estado y se basa en los informes policiales del sumario del 13. Solo un atestado policial, el 101743-0112, hecho público el día de las elecciones, es nuevo y ha sido entregado directamente al Supremo. Pero toda su base está, también, en los informes previos que hizo la Guardia Civil para el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La presión de la Fiscalía

El magistrado Pablo Llarena está presionado, además, por la Fiscalía, que ha pedido que vuelvan a declarar todos los acusados. Los que están en prisión y los que están fuera. Además, el Ministerio Público quiere que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la mano derecha de Junqueras en la Vicepresidència y cerebro del referéndum, Josep Maria Jové, pasen a manos del Supremo como el Govern, el Parlament y los Jordis.

La situación de Jové cuelga todavía del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que provee de informes a todo el caso, que cuelga, en parte, del Supremo, y, en parte, de la Audiencia Nacional. Jové, a pesar de que fue detenido el 20 de septiembre, todavía no ha declarado como investigado.

La Fiscalía pide también todo el sumario del 13, y el caso que todavía está en el Tribunal Superior de Catalunya y que dirige Mercedes Armas contra los miembros del Govern de la Generalitat. El resto, el sumario que implicaba a los miembros de la Mesa del Parlament y que dirigía la magistrada Maria Eugènia Alegret, ya está en el Supremo. Lo reclamó Llarena tan pronto asumió las competencias del caso.