La extorsión no es ajena a la actividad de la policía patriótica. Así lo demuestran los documentos y los audios a los que ha tenido acceso ElNacional.cat sobre la actividad de la Operación Catalunya. Un caso paradigmático de los devastadores efectos de las cloacas del estado es la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida y, finalmente, disuelta a raíz de la acción de la policía patriótica. La presión a los titulares del banco, Higini y Ramon Cierco, o al que fue el consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, queda recogida en las notas informativas del comisario José Manuel Villarejo, pero también en la contundencia de los audios aportados a la querella que se presentó a los juzgados de Andorra contra los responsables de la llamada trama andorrana de la Operación Catalunya, liderada por el presidente Mariano Rajoy. Esta prueba primordial —la amenaza policial grabada— también se ha presentado a los juzgados españoles. Por ahora, sin embargo, ningún juez de la Audiencia Nacional la quiere admitir.

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En uno de estos audios, se puede oir la conversación del consejero delegado de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, con el agregado del Ministerio del Interior en la embajada de Andorra, al inspector jefe de la policía española Celestino Barroso. El policía, que ya había tenido un contacto previo con uno de los hermanos Cierco, Higini, se presentó a la BPA con un "mensaje de Madrid". El mensaje en cuestión era que el Banco de España estaba haciendo una inspección al Banco de Madrid, filial española de la BPA. "Y se lo cargarán. Y hay una empresa americana dispuesta a asumir el banco cuando el Banco de España se cargue el actual", explica el inspector. "Pero, me han dicho que les transmita que depende de ustedes que quede en nada, de que se pare la inspección, y todo siga como actualmente... Siempre que ustedes accedan a algo que yo no sé de qué se trata", añade.

Agregado de la embajada

Ante esta entrada en la conversación, Joan Pau Miquel pregunta a Barroso que se identifique y le pregunta si es de la embajada de España y la conversación continuó en estos términos:

CB: Sí, soy inspector jefe de policía.

JPM: ¿Del Cuerpo Nacional de la Policía?

CB: Sí, estoy en la embajada y agregado de Interior. Es una misión muy mía, pero...

JPM: ¿Pero entiendo que es oficial todo eso que me está diciendo?

CB: Dejémoslo en... entrecomillado.

JPM: Ya. ¿Y con quién me tengo que ver?

CB: No sé más. Aunque quisiera, no sé más. Sé esta frase: que el Banco de España se petará al Banco de Madrid y que hay americanos dispuestos a hacerse cargo, una vez el Banco de España dé el hachazo; y que todo eso se puede paralizar siempre que ustedes accedan... Que está en su mano. Qué se les va a pedir, no lo sé.

El inspector insiste en que ya ha avisado a Higini [Cierco] de que "hablar no cuesta nada" y aconseja sentarse a hablar en torno a una mesa para escuchar si se les plantea una situación que es factible y que les permite paralizar la operación del Banco de España. "Y pueden evitar la sacudida, haciendo lo que les pidan, que no sé qué será...", insiste. Joan Pau Miquel tuvo que ir a Madrid, donde se entrevistó con el comisario Marcelino Martín Blas (que se hacía llamar Félix), el cual le pidió si su banco tenía las cuentas de los Pujol, y también supuestas de Artur Mas y de Oriol Junqueras.

 

Los efectos

Semanas después, el 7 de julio de 2014, el diario El Mundo publicó las cuentas de la familia Pujol Ferrusola en la BPA, que los responsables del banco siempre han negado haber dado. Las amenazas se cumplieron y una nota del tesoro de los EE. UU. (FinCEN) forzó la intervención de la BPA el 10 de marzo de 2015, y también de su filial en el Estado español, el Banco Madrid, por parte del Banco de España ante la alerta de un supuesto blanqueo de capital en los dos bancos. Las entidades fueron disueltas el año 2016. Un episodio grave, no aclarado y, por ahora, sin que haya ningún responsable, aunque se concluyó, después, que el Banco Madrid no había cometido ninguna ilegalidad. Por el cierre de Banco Madrid, sus titulares han exigido que el Gobierno les pague 141 millones de euros por los daños causados, que en primera instancia ha sido rechazado. Con respecto a la BPA, la primera sentencia en Andorra sobre supuesto blanqueo de capital será en octubre.

En esta nota informativa del 1 de julio del 2014, a la cual ya se ha hecho referencia en esta serie de informaciones sobre la Operación Catalunya, explica que se ha conseguido que la BPA aportara informaciones sobre los miembros de la familia Pujol Ferrusola "de manera forzada y obligada por las circunstancias", ante "el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid". Una supuesta colaboración que no los salvó.

Querella en Andorra

Higini Cierco reveló estas coacciones en agosto de 2016, cuando era interrogado por la juez de Andorra sobre las supuestas irregularidades de la BPA. La jueza abrió una pieza separada que dio paso a una querella por extorsión contra el entonces presidente Mariano Rajoy, los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro y los policías José Manuel Villarejo, Marcelino Martin Blas, Celestino Barroso, entre otros.

A la querella, como acusación popular y para defender la soberanía de Andorra se han presentado la entidad catalana Drets y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDH), que han ampliado los nombres de los querellados, a medida que descubrían los policías y políticos implicados en esta guerra sucia contra el independentismo catalán en Andorra.

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