La manifestación del 11 de Septiembre, tradicional pistoletazo de salida del curso político en Catalunya, se ha convertido los últimos años en el termómetro que mide la movilización del independentismo en la calle. Esta vez no será una excepción. A las puertas de una mesa de diálogo que no ha conseguido hacerse creíble ante la opinión pública mayoritaria, con el Parlament más independentista de la historia pero con los partidos de Govern incapaces de sacudirse las diferencias y desconfianzas, la movilización en la calle del sábado aportará la imagen gráfica del estado de salud de este movimiento tocado por la represión del Estado y las divisiones internas y aún en plena crisis de la Covid-19.
La fotografía de la movilización se observará con atención desde la Moncloa. El Gobierno español ha apostado desde antes del verano por pasar página de la reivindicación independentista y ha decidido reubicar el terreno de la negociación en Catalunya en el ámbito de inversiones e infraestructuras. Una imagen de desmovilización en la calle, aunque se quiera atribuir a la pandemia, contribuirá a reforzar este posicionamiento.
El 11 de Septiembre será pues, de nuevo, el punto de partida. Pocos días después, la semana del 13, está previsto que se celebre la mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el español.
Ni composición ni orden del día
No obstante, todavía se desconoce tanto la composición como el orden del día de esta mesa. El president, Pere Aragonès, exige la presencia del presidente español, Pedro Sánchez, y apuesta por una mesa integrada a ambos lados por representantes de los dos gobiernos, es decir, ministros y consellers. La realidad, sin embargo, es que el Gobierno evita comprometer la presencia de Sánchez, mientras que desde Catalunya los partidos todavía debaten, entre ellos e internamente, quién asumirá la representación de la parte catalana.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès ser reunieron el 29 de junio en la Moncloa / Efe
Por lo que respecta al orden del día. El Govern insiste en que la negociación tiene que girar en torno a la autodeterminación y la amnistía. No obstante, los últimos meses el espacio de este diálogo se ha ido restringiendo ya antes de empezar. Aunque durante la negociación del acuerdo de investidura de Sánchez entre PSOE y ERC se fijó que se tendría que poder hablar con libertad y "dentro de los límites que marca el ordenamiento jurídico democrático", a medida que han pasado los meses esta margen deliberadamente ambiguo se ha ido encorsetando en los estrictos límites que permite la Constitución.
A lo largo de este verano la Moncloa no se ha cansado de repetir que no contempla negociar nada que quede fuera de la Constitución. En esta posición se ha situado sin ambages el PSOE, pero también voces de Podemos, que desde la marcha de Pablo Iglesias del ejecutivo ha echado el freno de mano en el debate catalán.
Estado-Generalitat
El ejecutivo de Pedro Sánchez considera que ya ha movido pieza con los indultos parciales que han permitido salir de la prisión a los líderes del procés. Sus propuestas se concentran ahora en medidas concretas de autogobierno como la ampliación del aeropuerto de El Prat y los Jocs Olímpics d'Hivern, dos temas que, por cierto, provocan también discrepancias dentro del Govern y con los socios de la CUP.
El ejecutivo catalán, por su parte, insiste que ya existen comisiones bilaterales encargadas de abordar las negociaciones de traspasos o inversiones y que la mesa de diálogo tiene que servir para hablar del derecho a la autodeterminación -Aragonès ya ha fijado un nuevo referéndum para antes del 2030- y amnistía, que se tendría que ir materializando con medidas concretas para frenar la represión del Estado contra el independentismo.
Presupuestos
Paralelamente, en medio de esta situación el gran reto en la gestión del ejecutivo para este primer trimestre será conseguir sacar adelante los presupuestos del próximo año. El conseller de Economía, Jaume Giró, hace semanas que ha puesto en marcha el proceso de elaboración. Las reticencias de la CUP se sitúan de nuevo como el gran caballo de batalla.
Diputados de Junts felicitan al conseller Jaume Giró después de la aprobación del decreto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos en el Parlament / Sergi Alcàzar
También en el Estado se negocian los presupuestos y, de nuevo, incidirán directamente en la política catalana. Tanto Junts como la CUP han reclamado que los presupuestos y la estabilidad del ejecutivo de Pedro Sánchez se utilice para obligar al PSOE a mover ficha en el marco de la mesa de diálogo. ERC, por su parte, ya ha advertido públicamente que si el PSOE pretende tener el apoyo republicano en el Congreso para aprobar las cuentas de este año tendrá que mover pieza en la negociación.
Represión
Más allá de los presupuestos, el departamento de Economia mantiene la batalla para sacar adelante el Fondo Complementario de Riesgos con que el ejecutivo quiere cubrir la persecución del Tribunal de Cuentas contra la política exterior del Govern entre los años 2011 y 2017.
Después de que el ICF tuvo que responder por los avales ante la negativa de los grandes bancos a hacerlo, el Tribunal de Cuentas espera que el Abogado del Estado responda a las dudas que planteó al respecto. De momento, el tema ha quedado parado, lo cual desde el Govern se atribuye a las conversaciones preparatorias para el diálogo que ya mantiene con el ejecutivo de Sànchez.
Ofensiva judicial
La ofensiva del Estado en Catalunya tiene, además, múltiples frentes en el marco judicial. El caso Volhov, donde el juez Joaquín Aguirre investiga la financiación del procés, es el que aparece en este comienzo de curso con más intensidad y con una ofensiva mediática en toda regla y más allá de las fronteras españolas. Pero, hay muchos más casos pendientes en diferentes juzgados.
El sábado la Diada marcará tanto el tono de la reanudación del curso político como la intensidad que podrá exhibir la reivindicación independentista ante los múltiples frentes que se le plantean las próximas semanas.
Asistentes al acto central de la Diada del año pasado, con distàncias a raíz de la pandemia / Sergi Alcàzar
En la imagen principal, la manifestación de la Diada del año pasado marcada por la pandemia de la Covid-19 / Sergi Alcàzar