Los Comuns exigen al president de la Generalitat, Salvador Illa, que demuestre que no le "tiemblan las piernas" en materia de vivienda e imponga una multa de 900.000 euros a la empresa propietaria del bloque número 14 de la calle Sant Agustí de Barcelona, en el barrio de Gràcia. La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, reclama al Govern esta sanción "ejemplar" y "disuasoria" al fondo holandés New Amsterdam Developers para que "todo el mundo reciba el mensaje" y ha avisado que esto "es la prueba del algodón" sobre el compromiso de Illa con la vivienda.
La Generalitat abrió este marzo un expediente contra la empresa propietaria del edificio al detectar posibles incumplimientos de la normativa de vivienda, dado que el precio de la suma de las habitaciones supera el tope de alquiler de la vivienda que marca la ley. El miércoles 25, una comitiva judicial se acercó al bloque para ejecutar el primer desahucio previsto en la finca, el del vecino Txema Escorsa. Con la mediación de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, el desahucio fue aplazado por la presión vecinal, ante la concentración de centenares de personas convocadas por el Sindicat de Llogateres. Los vecinos del bloque denuncian que la propiedad quiere vaciar el edificio para convertir los pisos en colivings a precios inflados.
Tanto el Govern como el Ayuntamiento de la capital catalana han expresado su rechazo al desahucio. En un inusual posicionamiento explícito sobre la cuestión publicado en sus redes sociales, el president Illa denunció las "actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio" por parte de la propiedad del edificio y ha avisado que no lo permitirán "en ninguna ciudad de Catalunya". El jefe del Govern avanzó que la administración pública está actuando contra las iniciativas "ilegales" del fondo extranjero que adquirió el edificio. Poco después, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, avanzó que la empresa podría enfrentarse a una multa de un mínimo de 90.000 euros para cada una de las 23 viviendas del inmueble, si bien la suma concreta se dará a conocer en los próximos días.
El Ayuntamiento de Barcelona ha multado hasta seis veces a los colivings de este bloque de Gràcia, con el cual el consistorio ha admitido que mantiene un pulso. Este marzo, el comisionado de vivienda del gobierno local, Joan Ramon Riera, expresó su "rechazo frontal" a una práctica "especulativa" que ve "inadmisible". Desde el consistorio dirigido por Jaume Collboni aseveran que estas acciones "no son bienvenidas" en la ciudad y ha avalado una mediación a través del síndic de greuges. El comisionado señaló este martes que en octubre contactaron con el fondo NAD para “confrontar que las viviendas se tenían que destinar a uso residencial”.
Una dirección general para la inspección y sanción en materia de vivienda
Ante la nueva ventana de negociación de presupuestos de la Generalitat, los Comuns piden renovar el acuerdo con una unidad de disciplina en materia de vivienda que contenga la inspección y la sanción y adopte "el máximo rango posible", el de dirección general. Así, el órgano dependería directamente del Departament de Territori y no de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, como lo hace ahora. Jéssica Albiach cree que este cambio puede ser una manera de traducir la "voluntad política" del Govern. Así, la dirigente ha erigido las cuentas públicas en la "red de apoyo" necesaria para acompañar a las familias y detener los fondos buitre. Albiach no ha dado demasiados detalles sobre la cuestión, a la espera de una nueva reunión con el Govern después de Semana Santa para hablar sobre la actualización del pacto.
Preguntada por el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional contra la ley para regular el alquiler de temporada y evitar que se esquive el tope a los precios, Albiach se ha mostrado "convencida" de que las medidas de vivienda "no caerán". En caso de que no sea así, ha instado a activar "nuevos mecanismos" que blinden estas medidas. Los populares también están dispuestos a llevar al mismo tribunal la limitación de la compra especulativa. Ante esta oposición, Albiach ha insistido a Junts que "no compre" las políticas de los populares y ha defendido que las propuestas de los Comuns se reflejan en medidas de otros países europeos.