La Fiscalía vuelve a cruzarse en las intenciones del juez del caso Volhov. Esta vez para frenar la investigación que el juez, Joaquín Aguirre, ha ordenado sobre la relación entre Josep Lluís Alay, director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, con un empresario ruso, tras la cual el juez apunta una posible vía de financiación irregular de un partido.

El fiscal Fernando Maldonado fundamenta su oposición en la "falta de motivación lógica de la investigación y, esencialmente, en su carácter prospectivo". Subraya que el juez no indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes ni su calificación jurídica.

Vulnerar derechos elementales

Esta investigación prospectiva sería "vulneradora de los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley", por lo cual el ministerio fiscal la pretende revocar, dado que sería "demostración palpable de la arbitrariedad de los poderes públicos".

El juez argumentaba que había que investigar esta operación para averiguar si se trata de una pantalla para alguna financiación de un partido político, pero el fiscal advierte que eso sería equivalente a "facultar a la autoridad a investigar cualquier hecho y a cualquier persona por si se ha cometido cualquier delito".

Excederse en las atribuciones

El juez dictó una providencia el pasado mes de julio en que señala el interés judicial que puede aportar una conversación de Josep Lluís Alay con el empresario ruso Alexander Dmitrenko sobre una operación de venta de petróleo entre una empresa rusa y una china. El juez la compara con una operación efectuada por Rusia a favor de una empresa del líder de la Liga Norte Mateo Salvini  que sirvió para financiar ilegalmente aquel partido, y concluye que podría ser una pantalla para esconder financiación irregular.

Para llegar a esta conclusión se basa en una conversación en que Alay felicitaba a Dmitrenko por el pago de 295.500 dólares que recibió de una empresa china. El empresario ruso afirma en la conversación: "Felicidades a todos nosotros. Primer gran paso dado". Alay responde: "Muy importante. Ya hablaré directamente con el president tema Cámara y energía".

En opinión del fiscal, "pretender deducir conductas penales de las citadas conversaciones excede de las atribuciones de investigación que corresponden a cualquier autoridad". Por todo ello, pide que se anule la providencia y se ordene el archivo de la investigación.

Asimismo el fiscal reclama que se aporte certificación auténtica tanto de la providencia apelada como del informe de la Unidad Policial Judicial de la Guardia Civil sobre el móvil de Alay.

 

En la imagen principal, el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye / Efe